María de Jesús Soria Aguado, de 50 años, perdió todo cuando su hijo Iván Yan Carlos Ibarias desapareció en 2016. El 9 de septiembre de aquel año, hombres armados lo sacaron por la fuerza de su casa en Tejerías, Veracruz. Nunca han vuelto a saber de él. “Me convertí en desplazada. Los mismos ministeriales me dijeron que desocupase mi casa cuando puse la denuncia”, explica. En ese momento, Soria Aguado vivía de la tienda de abarrotes ubicada en su misma vivienda. De repente había perdido a su hijo, su casa y no tenía de dónde ganar dinero.

Explica que durante tres años se las arregló para sobrevivir hasta que fue reconocida como víctima de delito por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV). Esto le permitió acceder a las ayudas dispuestas en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Se trata de un fideicomiso con un monto de 574 millones 511 mil 883,86 pesos y su objetivo es “brindar los recursos de ayuda y la reparación integral de las víctimas de delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas”.

En el caso de Soria Aguado esto significa poder recibir los 6 mil 600 pesos que paga de renta. Y, además, un extra como despensa. Con 50 años, quedó a cargo de una hija y varios nietos. Desde la desaparición de su hijo buena parte de su tiempo está dedicado a la búsqueda. Durante los últimos cuatro años se ha recorrido media República con una pala y muchas compañeras en su misma situación: Guerrero, Morelos, Veracruz, han sido estados que ha visitado con el único objetivo de encontrar a su hijo.

Soria Aguado es una de las familiares que se encuentran en plantón frente a la Cámara de Diputados. Protestan por el anuncio de la bancada mayoritaria de Morena de extinguir 109 fideicomisos y poner sus 68 mmdp en manos de la Tesorería de la Federación, es decir, de la secretaría de Hacienda. Entre los fondos hay destinados a cine, desastres naturales, deporte y ciencia. También, y eso es lo que importa a este grupo de descontentas, a la atención a víctimas.

Su caso no es el único. Entre sus compañeras se encuentran, por ejemplo, Yoltzi Martínez, quien busca a su hermana Yaltzi, desaparecida en Acapulco, Guerrero, en 2010. Aquí el apoyo va para su sobrina, de diez años, quien está a cargo de su abuela paterna después de que su papá fuese asesinado. O Patricia Aradi Castañeda Salazar, de Xicotepec de Juárez, Puebla, que desde 2016 busca a su hijo Aurelio Alfaro Solís. La familia pagó millón y medio de pesos como rescate, pero el joven, de 20 años, nunca regresó. Vendieron la casa para seguir con las búsquedas y ahora dependen de la ayuda de Ceav para pagar la renta. Por eso les preocupa qué ocurra ahora con el fideicomiso, porque es un apoyo que les sirve para sostenerse.

La iniciativa de Morena para la extinción de los fideicomisos fue justificada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como una forma de lucha contra la corrupción. Aseguró el mandatario que la centralización de los fondos evitará los intermediarios. Sin embargo, los colectivos temen que cuando el dinero esté bajo un único mando acabe por no destinarse al propósito para el que estaba pensado. En este caso, la atención a víctimas.

Según dijo Mario Delgado, jefe de la bancada de Morena, Hacienda se encargará de determinar cuáles de estos fondos seguirán manteniendo su propósito inicial y cuáles se disolverán y pasarán al presupuesto para reforzar el sector salud ante la pandemia de Covid19 y para comprar vacunas.

“Sobre el tema de fideicomisos que Hacienda va a determinar, de esos 68 mil millones, qué parte se reintegra para la atención de la salud y cuál parte se queda como apoyos que seguirán dándose de manera regular”, dijo Delgado en conferencia de prensa.

Esto a Soria Aguado le pone una soga al cuello. Si Hacienda decidiese que el dinero destinado a víctimas irá ahora para comprar vacunas ella ya no tendría cómo pagar su renta.

Qué ayudas otorga la CEAV y a quién

Según la Ley General de Víctimas, las personas afectadas por delitos o vulneraciones a los Derechos Humanos tienen dos formas de acceder a ayudas. Por un lado, pueden acudir directamente a la CEAV y pedir asistencia. En este caso, puede optar a recursos para alojamiento, traslado y alimentación. Quien se encarga de valorar a la víctima es una trabajadora social, que elabora un estudio socioeconómico y de las necesidades de la persona.

La otra vía de acceder a estos recursos es por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Ministerio Público o la sentencia de un juez. En este caso, una de estas instituciones mandata que se le incluya en el registro de víctimas y se realiza el estudio socioeconómico, que determina si se necesitan apoyos. La resolución pasa a un comité interdisciplinario en el que médicos, psicólogos y trabajadores sociales evalúan.

Además, en este ámbito la CEAV se hace cargo de las compensaciones ordenadas por un juez o la CNDH que la institución responsable del agravio alega no poder pagar. Por ejemplo: si una persona es víctima de un delito a manos de un policía, y si la corporación dice no tener presupuesto para compensaciones, es la CEAV la que se hace cargo y el dinero sale del fideicomiso que va a extinguirse.

Además de estas atribuciones, la CEAV también apoya a las víctimas en determinadas diligencias, como traslados o material para las búsquedas.

Animal Político quiso saber el número exacto de víctimas beneficiadas y las ayudas específicas, pero al cierre de la nota no había recibido respuesta.

“La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin”, dijo a través de un comunicado Espacio OSC, una iniciativa que aglutina a diversas organizaciones sociales.

Hasta el momento se sabe que el dinero será administrado por Hacienda. Pero no hay claridad sobre cuáles serán los procedimientos que se seguirán. Es decir, qué tendrá que hacer Soria Aguado para percibir su apoyo y no quedarse en la calle.

Animal Político consultó tanto con la CEAV como con la secretaría de Hacienda. En la primera institución señalaron que la gestión ahora corresponde a la segunda. Y en Hacienda, al cierre de la nota, no se había remitido una respuesta.

“Nuestra lucha empieza al ver que se siguen vulnerando nuestros derechos. Se pretende eliminar un fideicomiso que es para las víctimas. Es para la reparación integral y asistencia a víctimas. Esto nos deja en completa vulnerabilidad, porque dependemos de él victimas de desaparición, tortura, desplazamiento forzado o feminicidio”, dijo Yoltzi Martínez.

Durante toda la jornada las descontentas mantuvieron un plantón al exterior de San Lázaro. Una delegación mantuvo encuentros con diversas bancadas. Incluso se registró una disputa con la morenista Dolores Padierna. Terminada la jornada, la falta de quórum impidió la votación. Pero procesos al margen, los colectivos siguen sin saber quién y cómo gestionará un dinero del que ahora dependen muchas familias vulnerables.