Comunidades indígenas del sureste mexicano obtuvieron un recurso legal para frenar obras nuevas del segundo tramo del Tren Maya, que va de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche.

Pueblos originarios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo obtuvieron una suspensión mientras que se resuelve un amparo de julio pasado contra el proyecto, informaron este lunes la asociación Indignación, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.

“Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general”, detallaron en un comunicado conjunto.

El ferrocarril tendrá una inversión estimada de 5 mil millones de dólares para más de mil 500 kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.

Pero las obras, que arrancaron en junio para los primeros dos tramos, han despertado críticas de grupos ambientalistas y de pueblos indígenas, que denuncian la afectación natural, patrimonial y cultural que causará el proyecto.

“Decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la Justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales como el acceso a un medioambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales”, indicó el boletín.

Las asociaciones explicaron que las autoridades que deben acatar el recurso son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Presidencia de la República.

También el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Aunque el recurso otorgado se llama suspensión definitiva, es una medida cautelar que se concede mientras el Poder Judicial llega a una decisión final sobre el asunto.

Las organizaciones también denunciaron que han “sido objeto de ataques” del Gobierno por ejercer su “legítimo derecho” a oponerse al Tren Maya.

“Desde que se inició este proceso de defensa, los involucrados, tanto en casos individuales como colectivamente, hemos sido blancos de ataques, amenazas, deslegitimación y criminalización por el mero hecho de oponernos a este proyecto”, afirmó el comunicado.

Previo a esta noticia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) firmó por la mañana un convenio específico con el Gobierno de México para ayudar en las tareas de protección del patrimonio histórico y cultural en la zona del Tren Maya.

La coordinadora residente interina de la ONU en México, Belén Sanz, aseguró que el proyecto del Gobierno mexicano “se alinea de un modo muy claro con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030”.