El ex jefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consejeros comenzaron a declarar hoy en el tribunal de Bruselas que decidirá si los entrega o no a España, donde son investigados por presuntos delitos vinculados a su plan independentista.

La imputados llegaron a la Cámara del Consejo, un tribunal instructor de primera instancia, sin ser vistos por los periodistas reunidos frente al edificio, informaron fuentes judiciales citadas en la prensa española. La vista se celebra además a puerta cerrada y no está previsto que aporte hoy decisiones definitivas.

Puigdemont y los cuatro ex consejeros se desplazaron a Bélgica de forma inesperada después de que el Gobierno español interviniera la autonomía de Cataluña, destituyera al "Govern" y convocara elecciones para el 21 de diciembre en respuesta a la declaración independentista aprobada en el Parlamento catalán el 27 de octubre.

Todos los miembros del Gobierno catalán destituido fueron imputados luego por rebelión, sedición y malversación, delitos castigados con hasta 30 años de cárcel, debido al proceso soberanista y la votación del "Parlament" que lo culminó.

Mientras que ocho ex consejeros (ministros regionales) quedaron en prisión preventiva tras declarar en la Audiencia Nacional de Madrid el 2 de noviembre, Puigdemont y los otros cuatro ex consejeros eludieron la cita por estar en Bruselas. La Justicia española emitió una orden europea de detención, que ahora estudia el juez belga.

Además de Puigdemont, la orden afecta a Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritzell Serret y Lluís Puig, ex responsables de las carteras de Salud, Enseñanza, Agricultura y Cultura, respectivamente.

Los cinco se entregaron a la policía belga el 5 de noviembre y, tras ser interrogados, quedaron en libertad vigilada y sin permiso para salir del país hasta que se decida su entrega a España, un proceso que comenzó con su declaración hoy pero que podría extenderse incluso varias semanas.

Es poco probable que el juez instructor tome una decisión hoy tras escuchar a defensa y fiscalía, en parte porque tiene que revisar las alegaciones presentadas por los abogados. Pero incluso en caso de que lo hiciera caben hasta dos recursos posibles contra su decisión, lo que demoraría el proceso.

Según los medios, lo más probable es que el juez se tome hasta diez días hasta anunciar su dictamen. Si decidiera la entrega a España y los imputados lo rechazaran, como se da por hecho, la extradición podría demorarse hasta 60 días, prorrogables otros 30 en casos excepcionales según la legislación.

Parece en todo caso improbable que Puigdemont vuelva a España antes de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en Cataluña, donde el ex "president" repetirá como primer candidato de su Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT).