El presidente destituido del gobierno catalán Carles Puigdemont aseguró hoy que los independentistas catalanes merecen "respeto" y "ser escuchados", y criticó a las autoridades de la Unión Europea por no reconocer "la realidad" de Cataluña.

En una entrevista divulgada hoy por la cadena británica "Sky News", Puigdemont insistió en que "el problema es que la Unión Europea no reconoce la realidad".

"Merecemos respeto y ser escuchados. Quizás no comprendidos, pero (merecemos) que no escuchen sólo a un lado, que escuchen a todos", afirmó Puigdemont.

El ex presidente catalán agregó que "lo que está ocurriendo en Cataluña es real", a pesar de que "no es una realidad agradable", admitió.

"Estamos todos en una situación en la que Europa puede responder a situaciones en Hungría y Polonia, pero no en Cataluña", dijo Puigdemont, que concedió la entrevista desde "un lugar secreto de Bruselas", según la cadena británica.

El ex presidente catalán está en libertad con medidas cautelares, tal como decidió un juez belga, y deberá comparecer junto con cuatro ex consejeros de su Ejecutivo el 17 de noviembre ante un tribunal de primera instancia de Bruselas para una vista sobre la euroorden de entrega a España.

Puigdemont está acusado de delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desacato a la autoridad, entre otros cargos, en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

"Ser tratado como un criminal, como un traficante de drogas, un pedófilo, como un asesino en serie, creo que es un abuso. Esto no es política, es utilizar los juzgados para hacer política", afirmó.

Para el político catalán, que considera que España "ha dañado la democracia para detener la independencia" de Cataluña, las acusaciones contra él son "una completa locura" y una "venganza".

"No soy un rebelde. No tengo el espíritu de un rebelde ni el deseo de serlo. Simplemente quiero seguir lo que mi Parlamento ha aprobado", afirmó Puigdemont en referencia a la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán y anulada por el Tribunal Constitucional español.