Luego de estar congelada dos años en el Senado, en octubre pasado la Cámara de Diputados recibió la minuta para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Sin embargo, en San Lázaro los grupos parlamentarios tampoco han logrado los consensos para aprobar dicha ley.

Ante ello, los legisladores han optado por mitigar la problemática a través de la presentación de puntos de acuerdo. Actualmente hay en estudio tres proposiciones.

 En uno se exhorta a la Secretaría de Hacienda para que reasigne recursos y los destine al Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos Contra la Trata de Personas.

En otro se exhorta al Presidente de la República a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, también conocido como “Convenio Lanzarote”.

Dichos puntos de acuerdo son recomendaciones que hacen los legisladores a otros órganos de gobierno; sin embargo, pasan por comisiones  para su análisis. De ser aprobados, son turnados a la instancia correspondiente.

DIPUTADOS, LEJOS DE APROBAR LEY DE TRATA

En octubre pasado la Cámara de Diputados recibió del Senado de la República la minuta para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, luego de estar congelada dos años; pero ahora tampoco en San Lázaro se han logrado los acuerdos para aprobarla, por lo que los legisladores han optado por mitigar la problemática a través de puntos de acuerdo.

Actualmente en la Cámara baja hay pendientes tres proposiciones con punto de acuerdo para atender este delito: uno de ellos, suscrito por legisladores de los distintos grupos parlamentarios, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que realice una reasignación de recursos y los destine al Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos Contra la Trata de Personas.

El impacto de la trata en sus víctimas, especialmente en las mujeres y las niñas, es devastador. Además de la coacción y la frecuente violencia física, existen serias secuelas en las mujeres víctimas sujetas a la explotación sexual”, detalla la proposición.

En este sentido, los legisladores destacaron en el documento que las víctimas deben tener acceso al apoyo inmediato, como un albergue o alojamiento seguro y adecuado capaz de cubrir las necesidades físicas; asistencia médica, sicológica e incluso acompañamiento durante un periodo de “reflexión y estabilización” previo a iniciar cualquier proceso de tipo judicial, lo que requiere se destinen recursos gubernamentales.

Aunque las proposiciones con puntos de acuerdo son un instrumento legislativo usado recurrentemente por el Congreso para llevar a cabo peticiones o posicionamientos formales, éstos no son vinculantes, es decir, las instancias a las que se emiten no están obligadas a atenderlos.

En otro punto de acuerdo presentado por los diputados del PAN —suscriben, Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn— se exhorta al Presidente de la República a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, también conocido como Convenio Lanzarote.

Además, en el marco de los procesos electorales de este año, la diputada del PAN María Eloísa Talavera presentó un punto de acuerdo para solicitar al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en coordinación con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a realizar acciones tendientes a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres.

Asimismo, esta misma proposición plantea el apoyo coordinado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El objetivo es que, conforme al Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres del año 2016, durante los procesos electorales locales que se lleven a cabo este año en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, se les dé seguimiento y monitoreo desde la Cámara de Diputados.

Todos ellos hasta el momento se mantienen pendientes de dictaminación en las Comisiones Especiales y el plazo para dictaminarlas y aprobarlas en el Pleno vence al final de cada periodo ordinario en que hayan sido presentadas, de acuerdo con la normativa interna de la Cámara de Diputados.

QUÉ ES UN PUNTO DE ACUERDO

Según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, un punto de acuerdo es un “documento que presenta un legislador o grupo parlamentario ante el Pleno, en el que expone una postura y una propuesta en torno de un tema de interés público para que alguna de las cámaras del Congreso de la Unión asuma una postura institucional al respecto”.

El Reglamento del Senado entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o declaración formal que el Pleno realiza para asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin carácter vinculante.