La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió hoy a las autoridades de los estados afectados por los sismos de septiembre en México la implementación de medidas cautelares en la reconstrucción y la creación de mecanismos de transparencia.

El organismo también exhortó a la rendición de cuentas y a la evaluación de las empresas participantes en la reconstrucción en los estados afectados por estos sismos -Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla- que dejaron 471 muertos y daños en miles de viviendas, escuelas y templos.

A las autoridades, la CNDH pidió "establecer un mecanismo de análisis y evaluación de las empresas que participarán en la etapa de reconstrucción que valore su historial en el cumplimiento de normas de construcción".

Así como constituir un dispositivo de difusión pública sobre el proceso de reconstrucción que sea "accesible" a la población, informar el grado de avance de la misma y transparentar el empleo de los recursos públicos.

La CNDH pidió a su vez investigar sobre hechos presuntamente violatorios de los derechos humanos tras los terremotos, lo que "podría implicar acciones u omisiones de autoridades o de empresas".

Por ello, solicitó a las autoridades capitalinas y del resto de estados "adoptar medidas cautelares en favor de las personas damnificadas y formuló consideraciones sobre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos fundamentales".

Del mismo modo, consideró necesaria la elaboración de un registro de los inmuebles en reparación y reconstrucción derivados de los sismos del mes de septiembre de 2017.

Con base en el derecho internacional, agregó la CNDH, "las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos; es decir, que eviten vulnerar los derechos humanos de las personas y reparar las consecuencias negativas de sus actividades".

Para ello, es importante "contar con políticas públicas adecuadas y normas de exigibilidad a las empresas", consideró.

"La Comisión Nacional continuará su monitoreo para que en la etapa de reconstrucción prevalezca el factor derechos humanos, para evitar su vulneración tanto en lo individual como en lo colectivo, independientemente de que investiga posibles actos de corrupción", concluyó.

En tanto, la asociación UH Tlalpan Unidos solicitó hoy a través de un comunicado que el presupuesto de egresos para 2018 contemple una partida "para la reconstrucción, reparación y reforzamiento de los inmuebles dañados por el terremoto".

En representación de los damnificados de 17 zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre, esta entidad pidió el uso de recursos públicos en la reconstrucción y reparación de edificios.

También dictámenes con estudios técnicos profesionales, un censo de inmuebles "confiable y público" y una correcta transparencia de las donaciones, entre otros puntos.

Este septiembre fallecieron 471 personas en tres sismos -los días 7, 19 y 23-, en la mayor tragedia natural en México desde el terremoto de 1985, que dejó miles de muertos en la capital del país.