La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró hoy que es necesario seguir otras líneas de investigación para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en México y criticó que las autoridades continúen insistiendo en la hipótesis de que fueron incinerados.

“No hay elementos científicos para comprobar la tesis de que los alumnos de la escuela rural ‘Raúl Isidro Burgos fueron incinerados”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

En el marco de la segunda visita a México del mecanismo de seguimiento que la CIDH creó para el caso Ayotzinapa, la Comisión señaló que la difusión de esa hipótesis “provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares”.

“La emisión de declaraciones públicas de altas autoridades que validan la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula (en el estado sureño de Guerrero) es de preocupación para la Comisión”, agregó.

La coordinadora del mecanismo, Esmeralda Arosemena, dijo que expresaron su preocupación en la reunión que tuvieron el jueves con la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), pero que la dependencia les aseguró que están siguiendo todas las líneas de investigación disponibles y que ya no están realizado diligencias vinculadas a la tesis de la incineración.

Cuando el grupo de expertos independientes comandado por la CIDH dio en 2016 su informe final sobre el caso, rechazó la versión oficial de que los estudiantes fueron incinerados en un basurero tras haber sido secuestrados y asesinados por un grupo criminal, conocida como la “verdad histórica”.

Basado en una serie de exámenes periciales, los expertos determinaron que en el basurero de Cocula, un municipio vecino a Iguala, en donde desaparecieron los jóvenes, no hubo la magnitud de fuego requerida para reducir a cenizas los cuerpos.

Los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos por policías municipales, que presuntamente los entregaron a un cártel.

En ese sentido, Arosemena dijo que las declaraciones y posiciones que pueda tomar el Estado mexicano sobre el caso es responsabilidad de ellos. “El Estado tendrá que responder sobre eso en algún momento”, manifestó.

“Nuestra responsabilidad en el seguimiento es trabajar sobre todas las líneas de la investigación”, aclaró la coordinadora, quien dijo que su compromiso es conseguir avances concretos y puntuales que puedan arrojar alguna luz sobre lo que ocurrió con los estudiantes.

Aseguró que insistirá en que se indaguen las cuatro líneas de investigación recomendadas por el grupo de expertos: las llamadas telefónicas realizadas por los alumnos en el momento de los hechos, la participación de los militares, la posible existencia de un bus que traficaba droga y la participación de la policía municipal de Huitzuco, ciudad cercana a Iguala.

Arosemena dijo también que los padres de las víctimas están descontentos por la lentitud en las investigaciones que realiza la PGR, motivo por el que suspendieron el diálogo que mantenían con las autoridades. "Necesitan ver avances en la investigación”, afirmó.

La delegación del mecanismo, creado el año pasado por la CIDH, se reunirá luego con el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. Su siguiente visita a México será en mayo.