La oficina de derechos humanos de la ONU en México expresó hoy su preocupación por la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de atribuir sólo "faltas leves" a funcionarios acusados de cometer delitos graves en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

El representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que desde un inicio su oficina documentó "graves violaciones a derechos humanos" contra personas detenidas por la desaparición de 43 estudiantes en 2014.

"La oficina cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR (fiscalía)", se indicó en un comunicado.

Jarab afirmó que, según la información que tiene disponible, el área de asuntos internos cambió de rumbo en su indagatoria después de que, al principio, la estaba llevando a cabo conforme a los más altos estándares internacionales.

"Es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa", afirmó Jarab en un comunicado.

Una de las personas acusadas de irregularidades es el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, que llevó a un detenido, sin compañía de un abogado, a una diligencia que nunca fue registrada en el expediente.

Esa actuación después resultaría clave para sustentar la versión de la fiscalía - desacreditada por peritos independientes - de que los estudiantes habían sido calcinados en un basurero.

El jefe policial, que tuvo a su cargo la investigación, argumentó que había tenido que proceder de esa manera porque había elementos de urgencia.

La oficina de derechos humanos de la ONU señaló que asuntos internos de la fiscalía habría identificado únicamente faltas administrativas de nueve funcionarios "sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal".

Los funcionarios señalados son, además de Zerón, mandos medios como peritos y ministerios públicos.

"Ayotzinapa es un caso emblemático", señaló Jarab. "Debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad".

Los 43 jóvenes, que estudiaban magisterio en la escuela rural de Ayotzinapa, desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 después de ser entregados por policías corruptos a un grupo criminal en la ciudad de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la capital mexicana.

Un primer informe extraoficial de asuntos internos de la PGR, difundido por medios locales, señalaba que en las indagatorias se habían cometido faltas que ponían en riesgo los fundamentos legales de toda la investigación. La fiscalía afirmó que ese documento no era definitivo.