Los detractores de la legislación aseguran que la misma socavará las libertades civiles, aunque en general ha encontrado poca resistencia en la sociedad francesa

El Parlamento francés adoptó definitivamente este miércoles un controvertido proyecto de ley antiterrorista, que facilita los allanamientos o el cierre de lugares de culto, muy criticado por los defensores de las libertades civiles.

Esta ley, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, había sido aprobada en primera lectura la semana pasada en la Asamblea Nacional, y en la jornada fue refrendada por el Senado, la cámara alta del Poder legislativo.

La misma incorpora al derecho común algunas medidas excepcionales del estado de emergencia instaurado en Francia desde los atentados terroristas de noviembre de 2015 (que dejó 130 muertos), que expira el 1 de noviembre.

El estado de emergencia está diseñado para ser temporal, pero en realidad ha sido prorrogado en seis ocasiones, frente a una amenaza considerada "duradera".

Esta ley permite a las autoridades detener a sospechosos en su domicilio sin orden previa de un juez, cerrar lugares de culto acusados de promover el extremismo y realizar más controles de identidad.

La autoridad administrativa, en particular el prefecto de Policía, verá en lo sucesivo sus poderes aumentados, en detrimento de los jueces.

"La idea es adaptarse a las preocupaciones de los ciudadanos y definir las organizaciones y los tipos de intervenciones necesarias", había dicho a la AFP una fuente del Elíseo bajo condición de anonimato.

Antiterrorismo, prioridad absoluta

Francia ha sido blanco de una serie de ataques desde el año 2015, cometidos por extremistas islámicos que han dejado más de 200 muertos.

La nueva legislación antiterrorista ha encontrado poca resistencia en un país traumatizado por la ola de ataques yihadistas, a pesar de numerosas críticas sobre que ésta socavaría las libertades civiles.

El 57% de los franceses está a favor de esta ley, según una encuesta reciente, aunque el 62% reconoce que favorecerá una "tendencia a deteriorar las libertades".

La ley ha sido severamente criticada por la izquierda radical y las organizaciones defensoras de los derechos humanos porque, sostienen, viola la presunción de inocencia y el respeto de la vida privada.

Asimismo, expertos de la ONU la han criticado duramente. "Perennizar mediante este proyecto de ley los poderes de emergencia amenaza gravemente la integridad de la protección de los derechos en Francia", advirtió recientemente una de ellos, la irlandesa Fionnuala Ni Aolain.

En cambio, algunos sectores de la derecha y la extrema derecha la consideran demasiado 'blanda'.

La votación coincidió con un discurso sobre la seguridad de Macron, de 39 años, en el palacio presidencial, donde expuso sus planes para aumentar los efectivos policiales y de inteligencia en Francia.

Ante la amenaza terrorista, que es la "prioridad absoluta", "les brindamos de manera duradera los medios para ser más eficaces", aseguró ante altos mandos de las fuerzas del orden.

Además, anunció para diciembre una nuevo plan contra la radicalización, para lo que se confeccionará una "lista de territorios" sobre los que habrá una vigilancia específica.

Uno de los anuncios de Macron fue la creación de una fuerza policial de proximidad, una de sus principales promesas de campaña en el ámbito de la seguridad

La misma entrará en funciones durante 2018, tiene por objetivo "luchar contra los delitos, los actos molestos, la incivilidad en lo cotidiano", insistió.