"California nunca se callará ante aquellos que amenazan con menoscabar nuestra prosperidad o con privar a nuestra gente de sus derechos humanos fundamentales". Las palabras de Kevin de León en diciembre fueron una declaración de guerra.

En el primer día de sesiones tras las elecciones presidenciales del 8 de noviembre, el presidente del Senado californiano advertía así a Donald Trump de que el llamado "estado dorado" ("golden state") será cuanto menos un dolor de cabeza para su presidencia.

California es el estado más poblado del país y también el que tiene la mayor población de origen hispano: de sus 39 millones de habitantes, unos 15 millones, cerca del 39 por ciento, son latinos, la comunidad contra la que más arremetió el nuevo presidente de Estados Unidos durante su campaña electoral.

Y a partir de este viernes, cuando se instale en la Casa Blanca, Trump empezará a sufrir la revancha.

California es un bastión demócrata. Hillary Clinton sacó allí más de cuatro millones de votos y 30 puntos porcentuales de ventaja.

La Asamblea y el Senado, las dos cámaras del congreso estatal, están controladas abrumadoramente por el Partido Demócrata, al que pertenecen también su gobernador, Jerry Brown, y el nuevo fiscal general, Xavier Becerra, de origen mexicano y quien hasta su nombramiento se sentaba en el Capitolio, en Washington.

"Nunca habíamos tenido un candidato tan repugnante como Trump", manifestó De León, el presidente del Senado, en una entrevista al diario español "El País" concedida pocos días después de aquella primera sesión post-electoral en la que declaró la guerra al nuevo presidente de Estados Unidos.

Aquel día de reunión de las dos cámaras en la ciudad de Sacramento, California inició de hecho la tramitación de leyes para proteger a los tres millones de inmigrantes indocumentados -la mayoría mexicanos- que viven en el estado, todo un desafío a Trump, que basó su campaña electoral en su intención de expulsar de Estados Unidos a los sin papeles y que llamo narcotraficantes y criminales a los mexicanos.

Entre otras cosas, el "estado dorado" quiere pagar la defensa a todo indocumentado al que se le abra un proceso de deportación y crear centros para formar a abogados de oficio en temas inmigratorios, para tener más letrados especializados.

California está considerado de hecho como un "estado santuario" para inmigrantes sin papeles, es decir: un estado que se niega a compartir con las autoridades federales la información con la que cuenta de inmigrantes indocumentados, dificultando su detención y deportación.

Algunas ciudades, entre ellas San Francisco, tienen leyes que prohíben a los empleados municipales toda cooperación con las autoridades inmigratorias federales a efectos de deportación.

Trump ha amenazado con cortar fondos federales a esos lugares como castigo. En torno al 36 por ciento de los ingresos californianos son de origen federal y el presupuesto presentado este año por el gobernador Brown no es muy boyante.

El tema migratorio no es el único campo de batalla californiano contra Trump. Entre las prioridades del estado de California está también la lucha contra el cambio climático -que niega el nuevo mandatario- y la defensa de una ampliación del seguro médico, un asunto en el que Estados Unidos constituye una excepción en el mundo occidental por carecer de una cobertura universal.

El Senado del país, dominado por el Partido Republicano de Trump, dio ya antes de la asunción del nuevo presidente los primeros pasos para desmontar la reforma de Barack Obama -el llamado "Obamacare"- que permitió acceder a un seguro médico a 20 millones de personas que carecían de él.

"No buscamos un pleito, pero estamos preparados para defender los valores de California", decía De León en la entrevista citada. Medios estadounidenses han comparado la resistencia a Trump que prepara California con la que Texas, de mayoría republicana, presentó a Obama durante su presidencia.

Esta misma semana, a pocos días de la investidura de Trump, la Casa Blanca hacía un anuncio: Obama viajará a California, a descansar con su familia en la localidad de Palm Springs, tras la ceremonia de traspaso de poder. Coincidencia o no.