Luego de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) a los 38 municipios, a la Procuraduría de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia sobre la falta de infraestructura para las personas que sufren algún tipo de discapacidad, Xavier Diez de Urdanivia Fernández, ombudsman, dijo que la idea de la inclusión es que todas las personas puedan trabajar y acceder a las mismas condiciones para desplazarse. 

“Las recomendaciones derivan de la detección de irregularidades en las condiciones físicas y de infraestructura necesarias para la inclusión y accesibilidad de personas con algún tipo de discapacidad que, por cualquier motivo, ingresan a las instalaciones de dichas oficinas y que resultan violatorias a sus derechos humanos”, indicaba la recomendación colectiva. 

Aunque Xavier Diez de Urdanivia reconoció que en algunos edificios y calles que tienen rampas para las personas que padecen de alguna discapacidad motriz aunque en la mayoría de las instalaciones o de la vía pública no existen condiciones para que estas personas se desplacen. 

“Falta también la señalación en Braille y faltan muchas cosas; tenemos todavía una cultura muy incipiente. Las calles hasta para la gente que no tiene problemas de discapacidad, son delicadas a veces”, respondió el presidente del CDHEC.

Pese a la recomendación emitida hace unas semanas a los municipios, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría de Justicia violentaron el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Coahuila que señala: 

“La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a cargo de los tres poderes, los organismos públicos autónomos y los Ayuntamientos, que deberán promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad”, concluye.

Respeto, ante todo
> El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad.
> El derecho a la igualdad de oportunidades.
> El derecho a una completa igualdad y protección ante la ley.
> El derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza
> El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado.