El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se ha visto obligado este jueves a explicar su controvertida decisión de sacar a la coalición que lidera Arabia Saudí en Yemen de la lista negra de países y grupos que dañan a la infancia en las guerras. “Es una de las decisiones más dolorosas y difíciles que he tenido que tomar”, ha declarado antes de señalar que varios países le amenazaron con suspender sus aportaciones a la ONU si no lo hacía.

La crisis se desató el pasado día 2, después de que Ban presentara el informe anual sobre niños y conflictos armados. El texto, redactado por su representante especial para ese tema, Leila Zerrougui, afirma que la campaña militar que encabeza Arabia Saudí es responsable del 60 % de los 785 menores muertos y 1.168 heridos el año pasado en la guerra yemení. En consecuencia, incluye a la coalición en la lista aneja de países y organizaciones que no respetan los derechos infantiles (y también a sus rivales del grupo Ansarullah, más conocidos como Huthis, además de a Al Qaeda y otras milicias).

El Gobierno de Riad protestó enseguida. La oficina de Ban también recibió quejas de varios miembros de la coalición —que además de Arabia Saudí, incluye a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Qatar, Bahréin, Jordania, Egipto, Marruecos, Senegal y Sudán— y de otros aliados saudíes, como Bangladesh. Cuatro días después, el secretario general retiraba la mención de la lista hasta que se haga una “revisión conjunta” del contenido, según informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Pero las presiones habían ido demasiado lejos. Algunos diplomáticos y funcionarios de la ONU empezaron a hablar. La agencia Reuters aseguraba el pasado martes que Arabia Saudí amenazó con cortar su ayuda a Palestina y los fondos para otros programas de Naciones Unidas. Incluso, según una de sus fuentes, blandió la posibilidad de reunir a los principales clérigos del reino para que dictaran una fetua que declarara “antiislámica” a la ONU.

El embajador saudí ante esa organización, Abdallah al Muallimi, desmintió las alegaciones, reiterando el compromiso de su país con Naciones Unidas. Riad es el cuarto mayor donante a la UNRWA, la agencia que se ocupa de los refugiados palestinos, tras EE UU, la UE y Reino Unido. Otros miembros de la coalición que interviene en Yemen, como EAU y Kuwait, también hacen aportaciones sustanciosas.

Las declaraciones de Ban, que se producen horas después de que una veintena de ONG le reclamaran que mantuviera la lista inicial, parecen confirmar lo contrario. Lo que el secretario general ha descrito como “presión indebida” le hizo considerar, ha dicho, “la muy real la perspectiva de que millones de otros niños sufrirían gravemente si, como me fue sugerido, [algunos] países dejaban de financiar programas de la ONU”.

Con inusual rapidez, Al Muallimi ha vuelto a negar ese extremo. “No usamos amenazas o intimidación y no hablamos sobre la financiación”, ha asegurado a los periodistas.

Sin embargo, fuentes de la ONU reconocieron a EL PAÍS que la presión durante el fin de semana y el lunes fue “brutal”. El embajador saudí acudió en varias ocasiones a la sede de la organización donde se reunió con el vice secretario general Jan Eliasson, pero también hubo llamadas del ministro saudí de Exteriores, Adel al Jubeir, y de representantes de otros países aliados del rico reino petrolero. “Han llegado los saudíes con todo el peso del dinero”, resumía un interlocutor.

La controversia ha dañado la credibilidad de Ban, que se encuentra al final de su mandato. La exclusión de la lista ha sido tachada de capitulación tanto por Amnistía Internacional como por Human Rights Watch. Esas organizaciones recuerdan que el año pasado el secretario general sacó a Israel del borrador previo, tras las presiones de ese país y de EE. UU. “Permitir a los gobiernos que cometen abusos contra los niños que salgan por la fuerza de la lista es una burla a los esfuerzos de la ONU para proteger a la infancia”, ha declarado Jo Becker, director de HRW para los derechos infantiles.