El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, evidenció la falta de respuesta oportuna y debida para atender la violencia contra las mujeres, en especial cuando se trata de la pérdida de la vida, lo que se refleja en el aumento de casi cien por ciento. Explicó que el número de homicidios de mujeres, pasó de 1,519 en 1990 a 2,813 en 2016; cifra que en los últimos diez años llegó a 23,858.

“La violencia contra las mujeres constituye uno de los factores que mayor incidencia negativa tienen en el respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, además de vulnerar las bases de la convivencia pacífica entre las personas y afectar nuestro tejido social”, aseguró.

Al hablar en el acto inaugural del Seminario Internacional “Atrévete a cambiar. Por una cultura de igualdad sustantiva”, puntualizó que cuando la autoridad ejerce de manera directa esa violencia vulnera derechos humanos, pero también lo hace cuando por negligencia, omisión o incapacidad no es capaz de garantizar niveles mínimos y razonables de protección a los derechos que asisten a las mujeres, como los relativos a la vida; a su integridad física, psíquica y emocional; a la igualdad y a la libertad; a estar libre de discriminación; al ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como a una vida libre de violencia.

Acompañado en el presídium por el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; Mirella Feingold, Presidenta Ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias, y Patricia Galeana, Presidenta fundadora de esa organización, González Pérez destacó que mucho se ha avanzado en materia de la igualdad formal que la Constitución establece; sin embargo, aún falta mucho para que se refleje en nuestra vida cotidiana como una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

“La sola existencia de las normas –explicó— no garantiza su aplicación efectiva, ni mucho menos que sean un factor por sí mismo suficiente para generar en todas y cada una de las personas la convicción de asumir como una necesaria pauta de conducta para nuestra convivencia social una cultura que no sólo promueva, sino que materialice, en los hechos, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres”.

Tras mencionar que frecuentemente se subestima o deja de lado la necesidad de contar con dicha cultura, destacó que es errónea la percepción de aceptar que subsista la desigualdad por tratarse de una condición que no se puede cambiar y que los avances logrados en esa materia son suficientes y ese tema ya no es prioritario. “Nada más alejado de la realidad”, afirmó.

Ejemplificó, con base en reportes del INEGI, que para el ciclo escolar 2015-2016 uno de cada dos estudiantes de nivel superior fue mujer, y que al emprender ésta su actividad laboral percibirá, en promedio, 30% menos que el hombre; además, que el 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez experimentaron algún acto de violencia en el ámbito laboral y cerca del 43.9% serán agredidas en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo.

El Ombudsman nacional puntualizó que en la violencia contra las mujeres los grandes enemigos son la indiferencia, el silencio y, sobre todo, la impunidad, de ahí que se requiera visibilizar, denunciar y sancionar para la prevención y abatimiento de esa violencia, y para que el derecho a una vida libre de ella sea efectivo y no una aspiración como ahora lo es para muchas mexicanas.

“Sólo podremos decir que los derechos humanos son verdaderamente vigentes en nuestro país, en la medida en que logremos que la violencia en contra de las mujeres cese y que sus derechos se respeten y gocen de una garantía efectiva”, enfatizó.

González Pérez señaló que la educación en derechos humanos y género se convierte en la mejor herramienta para prevenir la violencia y orientar a las nuevas generaciones hacia el respeto, la igualdad y la no violencia. “Educar bajo estos preceptos –dijo—, conllevaría formar niñas, niños, mujeres y hombres comprometidos con trabajar en favor del diálogo, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos”.

Por su parte, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel indicó que aun cuando se han registrado avances en la erradicación de la violencia contra la mujer, todavía existe mucho trabajo que hacer en materia legislativa, laboral y en la vida cotidiana para abatir este problema y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

El mandatario estatal aprovechó la oportunidad para solidarizarse con los titulares de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos por el homicidio del Ombudsman de Baja California Sur; les manifestó su respaldo y dijo que gracias a su labor como catalizadores sociales se ha avanzado mucho en la protección de los derechos de las personas. Además, ofreció sumarse al llamado que hicieron los Ombudsperson del país a la Conferencia Nacional de Gobernadores para generar acciones de apoyo y protección a los defensores públicos de derechos humanos.

En el marco de este evento, el Ombudsman nacional conversó con el Gobernador Ordaz Coppel, a quien solicitó el esclarecimiento del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, a quien este día se rindió un homenaje en la ciudad de Culiacán, al tiempo que expresó su solidaridad a la familia del comunicador y a los integrantes del gremio periodístico, particularmente a sus compañeros de La Jornada y Ríodoce. 

A su vez, Patricia Galeana expresó la necesidad de eliminar usos, costumbres y discursos que discriminan a las mujeres, por lo que llamó a hacer una transformación cultural y forjar entre las nuevas generaciones una nueva mentalidad que respete los derechos fundamentales de este sector de la sociedad. 

Dijo que es preciso avanzar en materializar lo establecido en el artículo cuatro de la Constitución Política respecto de la igualdad entre mujeres y hombres, además de lograr que las políticas públicas tengan enfoque de género que beneficie a niñas y mujeres. 

En este acto también se contó con la presencia de Geeta Desai, Presidenta de Women´s Global Leadership: Moving from Theory to Practice; Araceli Tirado Gálvez, titular del Instituto Sinaloense de las Mujeres; Fernando Pucheta Sánchez, presidente municipal de Mazatlán, y José Carlos Álvarez Ortega, Presidente CEDH de Sinaloa.