El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, denunció la gran indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender las agresiones y crímenes contra personas defensoras de derechos humanos.

Al presentar la campaña “Para que un día no tengamos que ser defensoras de derechos humanos”, subrayó que desde la emisión de la Recomendación General 25, en febrero de 2016, se marcó una hoja de ruta para respaldar el trabajo de esas personas, a la que los gobiernos han hecho caso omiso en tanto se incrementan los agravios en su contra.

Destacó los reiterados llamados a las autoridades para el esclarecimiento de los crímenes, al tiempo que subrayó que el flagelo más lacerante es la impunidad.

“Cuando se agrede o desaparece a un defensor, se atenta contra la dignidad colectiva”, enfatizó.

Respecto de los homicidios del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, y de su hijo Fernando de la Toba Lucero, demandó justicia para que no haya impunidad.

Tras señalar que las acciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos han sido insuficientes, puntualizó que la indiferencia mostrada hasta ahora por las autoridades ha generado condiciones para que aumenten las agresiones contra los defensores civiles y públicos.

Al exigir una investigación efectiva y a fondo para conocer la verdad de los hechos, demandó que las autoridades no excluyan en sus líneas de investigación la relación de los crímenes con el desempeño profesional de los defensores de derechos humanos, y pidió coordinación entre las autoridades estatales y la Procuraduría General de la República para que estos crímenes no queden en la impunidad.

Respecto de la campaña sobre personas defensoras de derechos humanos, destacó que ante el incremento alarmante del nivel de violencia que se vive en distintas regiones del país, la respuesta fácil es responsabilizar a otros de la delicada situación, lo que debe combatirse con campañas de información de amplia cobertura.

Expuso que ante el hartazgo de la sociedad se deben exigir resultados a las autoridades para combatir la violencia y abatir la impunidad que impide que los responsables sean sancionados no obstante es obligación de los tres órdenes de gobierno que deben adoptar mejores prácticas policiales y de investigación, sin culpar a las personas defensoras de derechos humanos por el trabajo que realizan.

Recordó la Recomendación General 25 en que se presenta un análisis minucioso de las agresiones que enfrentan dichas personas defensoras y el incremento en el nivel de violencia contra ellas, y refirió que la CNDH y distintas organizaciones sociales asumieron impulsar una campaña en favor de la labor que desarrollan defensoras y defensores en temáticas como el derecho a la tierra y el medio ambiente, igualdad de género, combate a la discriminación, defensa de os derechos sexuales y reproductivos, defensa de los derechos de las personas LGBTTTI, tortura, desaparición de personas, protección de periodistas, en busca de mejorar las condiciones de amplias capas de la población en el país.

Los promocionales sobre distintas temáticas fueron presentados por los representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes formularon distintas consideraciones sobre el trabajo que desarrollan y los problemas que enfrentan.

En este acto también participaron Édgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General; Rocío Culebro, Directora Ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Pilar Tavera, Presidenta del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; Pablo Romo, defensor de derechos humanos, y Michael Chamberlin, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Previamente, al participar en el Foro de reflexión y diálogo: “El fenómeno de los linchamientos en México (2010-2017), incidencias, causas y alternativas”, el Ombudsman nacional puntualizó que combatir la inseguridad y la violencia con mayor violencia o con acciones al margen de la ley debilita nuestro Estado de derecho, la confianza en las instituciones y no garantiza que los responsables de un ilícito efectivamente respondan de sus actos y se haga justicia en favor de las víctimas. “La justicia sin leyes o al margen de la misma, no es verdadera justicia”, aseguró.

Tras expresar su solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas, “en tanto la verdad y la justicia llegan a este caso, subrayó que como sociedad no podemos permitir que la violencia forme parte de nuestra normalidad, pues México es un país de leyes e instituciones y son ellas las que deben lograr que estos hechos se investiguen, no queden impunes y los responsables se determinen y den cuenta de sus actos conforme a derecho.

Acompañado por Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; Carlos María Vilas, Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Lanús; Miguel Armando López Leyva, Director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Raúl Rodríguez Guillén, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Enrique Guadarrama López, Segundo Visitador General de la CNDH, González Pérez destacó que la justicia por propia mano y al margen de la ley nunca será la opción para resolver y determinar responsabilidades por presuntos actos delictivos.

Luego de explicar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la CNDH elaborar un diagnóstico y presentar un Informe Especial sobre el problema de los linchamientos en el territorio nacional, dijo que este foro aportará ideas para encarar y resolver las conductas colectivas violentas fuera de la ley que afectan derechos humanos.

Ante la falta de información oficial precisa sobre linchamientos y condiciones en que ocurren, expresó que es claro y unánime el rechazo a esas manifestaciones sociales de violencia cuya solución es compleja, ya que se requieren políticas públicas que lleven el mayor conocimiento de las causas generadoras.

“Los linchamientos dentro del esquema de los derechos humanos –dijo— se ubican frene al quehacer de la autoridad como medio de presión, amenaza y negociación, valiéndose de vidas para la exigencia de sus demandas, o como mensaje para obligar al Estado a cumplir sus obligaciones respecto a la sociedad”. Y agregó: los linchamientos representan un desafío a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, así como un reto al Estado de derecho.

Por su parte, el Director del Instituto de Investigaciones Sociales, Miguel López Leyva, indicó que este encuentro académico permitirá abordar este fenómeno social desde el ámbito académico y aportar propuestas de atención y solución al mismo. Señaló que más allá de analizar los linchamientos desde el punto de vista estadístico, se debe reflexionar sobre el contexto en el que ocurren, desde el marco legal hasta la situación de inseguridad que se vive en algunas zonas del país.