MÉXICO.- Entre 2001 y 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado cada año, en promedio, 44 mil millones de pesos de los que no tenía claro en que se gastaron. En 13 años sólo 17% de estos recursos fueron devueltos a las arcas del gobierno. Aún quedan 98 mil millones de pesos de los que ni siquiera se sabe su destino. 

En 2012, en el gobierno de Felipe Calderón, se registró uno de los agujeros negros más grandes. Las observaciones de la ASF recayeron sobre casi 60 mil millones de pesos. El uso de 50% de estos recursos continúa pendiente de aclarar. 

La ASF es el órgano que anualmente realiza la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública y cada año las evaluaciones van en aumento. El día de hoy se espera que presente mil 646 auditorías, 276 más de las que realizó en 2013. 

Gobiernos de los estados, de municipios, órganos federales y universidades estatales serán expuestos por su mal manejo de recursos. 

Siete de cada 10 auditorías, es decir mil 110, estarán enfocadas en recursos que fueron utilizados por gobiernos estatales. Los órganos dependientes del Poder Ejecutivo estarán presentes en 520 de estos reportes. 

Las instituciones públicas de educación superior son uno de los focos rojos. Casi 70 auditorías fueron realizadas a 21 universidades de diferentes entidades. Cuatro de estos casos serán lo que se conoce como “Auditorías forenses”, es decir, que el órgano regulador ya detectó irregularidades en otras ocasiones. Las universidades autónomas del Estado de México, del Carmen y de Morelos son las que estarán en esta categoría. 

Un 45% de las evaluaciones que serán presentadas por la ASF están clasificadas como “Financiera con enfoque de desempeño”, es decir, para determinar si el dinero que se les otorgó se ocupó de manera adecuada, y la mayoría son para fiscalizar el dinero utilizado por las entidades federativas y municipales. 

Los cinco organismos que fueron más auditados son Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, instituciones públicas de educación superior y Energía. Dos de cada 10 auditorías recaen sobre estas instituciones. 

Una de las debilidades de este informe es que la Cámara de Diputados entrega la Cuenta Pública a la Auditoría con relación al ejercicio fiscal anterior. Esto significa que en 2015 se entregaron los reportes contables de 2014 y el órgano autónomo tiene hasta 14 meses para revisarlos y presentar sus informes. 

Hasta ahora, la ley no permite que la ASF realice tres entregas en todo un año, como lo determina el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Desvío de recursos 
Mariana Campos, investigadora de la organización México Evalúa AC, comentó que la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado las mayores irregularidades en los fondos que albergan los ramos 33 y 23, encargados de obra pública e infraestructura en general. 

“Si uno hace un análisis de la Cuenta Pública hasta 2013, de las dos observaciones más graves que hace la Auditoría, un 70% de esos señalamientos delicados se realizan en los fondos de los ramos 33 y 23”, explicó Campos. 

La experta dijo que el mal uso de los recursos públicos está muy focalizado. “Lo vemos de manera sistemática. Lamentablemente no se han actualizado los mecanismos de asignación de recursos y seguimos…”. 

Durante 2014 se realizaron más de mil auditorías a las entidades federativas. Un 50% de las evaluaciones fueron para 12 estados: Coahuila, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México y Michoacán fueron auditados desde 36 hasta 64 veces. 

Campos sugirió que los legisladores deberían hacer más caso a las observaciones que presenta la ASF y, en función de ello, dejar de otorgar recursos públicos a fondos o a entidades que sólo los dilapidan. 

“Hay que empezar a considerar este tipo de observaciones para asignar los recursos. Algunos señalamientos indican que no comprueban gastos con facturas. ¿Por qué les vas a volver a depositar dinero si lo manejan mal?”. 

Expertos están de acuerdo en que los estados gastan de manera descontrolada porque no hay consecuencias, y la falta de transparencia ayuda a que estas cuentas queden opacas. 

“Si lo hacen fuera de la norma, no importa. Tenemos el caso de Coahuila, un 72% de la deuda provenía de dictámenes falsos del Congreso del estado”, dijo Marco Cancino, director general de la Consultoría Inteligencia Pública. 

Las entidades no tienen un control de su gasto público ni tampoco se generan medidas que permitan planear su presupuesto de una mejor manera, según el analista. 

El dinero perdido
La investigadora Mariana Campos mencionó que las recuperaciones pueden ir y venir, pero más allá del dinero recuperado, las acciones que ejerce la Auditoría son de tipo punitivas para evitar, precisamente, que los responsables vuelvan a delinquir. 

La recuperación de recursos públicos tiene una distinta función o varias funciones, no sólo es recuperar los montos que se han perdido. Si uno lee las auditorías, tienen una mayor cantidad de dinero. 

“Definitivamente es muy lejos lo recuperado por la Auditoría que lo que se ha afectado al erario. Pero el recuperar tiene un sentido punitivo y también un sentido de hacer ver cómo se están revisando los recursos públicos y que no se queda sólo en un informe”, consideró. 

La recuperación del dinero que no se encuentra, termina siendo un largo camino por recorrer, admite Mariana Campos. “Debido a eso, el Sistema Nacional Anticorrupción busca remediar ese problema”. 

Otro hoyo legal que se evitará con el nuevo sistema será el que siga siendo la Secretaría de la Función Pública o la Procuraduría General de la República las que se encarguen de amonestar a los funcionarios que cometen los ilícitos. 
“Ese es otro de los temas que intentará arreglar el Sistema Nacional Anticorrupción, gracias a que existirá un fiscal anticorrupción”, precisó Mariana Campos.