El Congreso de Coahuila modificó ayer la Ley de Víctimas del estado para armonizarla con la Ley General en la materia. La Procuraduría General de Justicia del Estado, próximamente Fiscalía General del Estado, deberá de crear un programa de protección a víctimas, personas defensoras de derechos humanos y servidores públicos de la entidad.

A principios de año se aprobaron diferentes modificaciones a la Ley General de Víctimas y con ello se dio un plazo de 180 días a los estados para armonizar sus leyes estatales en la materia, trámite que el Congreso Local concretó, luego de que el Ejecutivo del Estado presentara una iniciativa con ese fin.

De acuerdo con el artículo 27, planteado en la propuesta, la PGJE emitirá los lineamientos y elaborará el Programa Estatal de Protección de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad y la Seguridad de Víctimas, Personas Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos.

“El objetivo del programa será desarrollar los procedimientos y mecanismos de implementación de las medidas de prevención y protección integral contemplados por la presente Ley, así como determinar los ámbitos de competencia estatal y municipal en la materia, así como las acciones de coordinación, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de dichas acciones”, señala la iniciativa.

Por otro lado, se creará la Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, que gozará de independencia técnica y operativa y dará servicio especializado en la materia a las víctimas que lo requieran como garantía del derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata.

Habrá también un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral conforme al presupuesto estatal, así como que se podrá solicitar un Fondo para el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas, todo solicitado a través de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. 

EN ACCIÓN

Los legisladores votaron ayer, en sesión extraordinaria del Pleno, el dictamen con las modificaciones señaladas, por lo que entrará en vigor un día después de que se publique en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.