El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que el próximo sábado 26 de septiembre habrá un informe con los avances sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante su conferencia de prensa AMLO agregó que participará el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Gertz Manero; así como el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

"Sobre los involucrados, las órdenes de aprehensión... el caso del señor (Tomás) Zerón".

Contexto

En septiembre de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron, desde entonces es un caso sin resolver.

Del caso se dieron distintas teorías, algunas ya fueron descartadas como la llamada 'verdad histórica' del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

La “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, establecida durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, encubría a militares y la Fiscalía General de la República (FGR) ahora los está investigando, de acuerdo con la revista Proceso.

Militares habrían detenido a numerosos normalistas de Ayotzinapa, conducido hasta las instalaciones del Batallón 27 de Infantería en Iguala, Guerrero, y luego de interrogarlos, los habrían entregado al cártel Guerreros Unidos, dice el semanario en un texto firmado por el periodista Álvaro Delgado.

En el reportaje La verdad histórica encubría al Ejército se establece que “en contraste con la verdad histórica del Gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado la participación directa de elementos del Ejército Mexicano, presuntamente corrompidos por el cártel Guerreros Unidos”.

“Las nuevas evidencias, con base en declaraciones ministeriales de nuevos testigos, incluidos miembros de Guerreros Unidos, indican también que ese cártel entregaba sobornos a mandos y miembros del Ejército para permitir el trasiego de drogas, armas y dinero en esa región de Guerrero, y por ello participaron en la desaparición de los normalistas”, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso la revista Proceso.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se negó la participación directa de integrantes del Ejército mexicano en el ataque que se perpetró contra estudiantes la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014.

“Entre la Policía Municipal de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero y el Ejército, junto con la Policía Federal y la Federal Ministerial empezaron a detener a los muchachos en diferentes puntos de la ciudad”, declaró Juan, un testigo que cita Álvaro Delgado en el semanario del domingo 12 de julio.

En la declaración ministerial consultada por el reportero se establece la participación de miembros del 27 Batallón de Infantería, pero también del 41 Batallón de la misma arma, que compartía cuartel en  Iguala, en el lugar donde llegaron los normalistas a bordo de autobuses, del´ras de los cuales iban sicarios armados del grupo contrario a Guerreros Unidos, que luego supuestamente se mezclaron con los jóvenes, escribe Álvaro Delgado.

Las autoridades mexicanas identificaron esta semana los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa casi seis años después de la tragedia, en un hecho que acabaría con la versión oficial del Gobierno anterior y que, de paso, abre camino a la certeza.

Con Ayotzinapa como uno de grandes pendientes a resolver en un país azotado por la violencia y la inseguridad, en diciembre de 2018, recién iniciado su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia.

En junio de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció una unidad especial autónoma e independiente a cargo de Omar Gómez Trejo, un defensor de derechos humanos con experiencia en el caso y cuya designación tuvo el respaldo de los familiares de las víctimas.

En febrero de 2020, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa con ayuda de la FGR y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Un mes después, firmó un acuerdo con la Corte y la FGR para esclarecer la desaparición de los estudiantes. “Hicimos el acuerdo porque hay una necesidad de aclarar lo sucedido y se tiene que saber la verdad”, dijo hoy López Obrador en su conferencia de todos los días.

Y hace una semana, la FGR ordenó detener a 46 funcionarios del sureño estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los estudiantes en una nueva etapa de la investigación que pretende tumbar la llamada “verdad histórica” construida por el Gobierno anterior de que los estudiantes fueron quemados en un basurero.

Además, se logró la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alías “El Mochomo”, uno de los presuntos líderes del cartel Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los jóvenes.