¿Quién da seguimiento a órdenes de AMLO en primeros 100 días? Presidencia desconoce compra de pipas, clave en lucha contra el huachicol

Texto: CARLOS ARREDONDO/ Foto:  CUARTOSCURO

Pese al papel central que el Presidente de la República tuvo en la adquisición de cientos de carros tanque, empleados para hacer frente a la crisis de abasto de combustibles registrada al inicio del actual sexenio, la oficina de Andrés Manuel López Obrador asegura no poseer un solo documento en el cual conste su participación en este proceso, que habría implicado la erogación de más de 92 millones de dólares de recursos públicos.

En respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por VANGUARDIA, la Dirección de Análisis Jurídico y de Gestión Documental de la Presidencia de la República informó, el pasado 5 de marzo, que el Comité de Transparencia de dicha dependencia decidió, el 20 de febrero pasado, “confirmar la inexistencia de la información” relativa al caso.

Previamente, los días 7 y 14 de febrero de 2019, la Secretaría Particular del Presidente, primero, y la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, después, habían respondido, mediante sendos oficios, que tras realizar “una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada” no habrían encontrado en sus archivos un sólo documento en el cual conste la participación del Presidente de la República en el referido proceso.

La Secretaría Particular informó haber buscado evidencia, “tanto en los archivos, así como en todos y cada uno de los registros físicos y electrónicos” que posee, mientras que la Jefatura de la Oficina de la Presidencia indicó que incluso extendió la búsqueda hasta el día 7 de febrero de 2018; es decir, 10 meses antes de que el Presidente López Obrador tomara posesión del cargo. Pero tales esfuerzos fueron en vano.

Para la Dirección de Análisis Jurídico y de Gestión Documental de la Presidencia de la República, cuyo titular es Juan Carlos Guerrero Torres, lo anterior se explica porque, desde su perspectiva, el Presidente se habría limitado a “comunicar a la sociedad”, en su conferencia de prensa “mañanera”, los elementos “de interés público” del caso.

Y para reforzar su postura, la dependencia se apoyó en un criterio, del año 2013, emitido por el otrora IFAI -hoy INAI-, según el cual “no existe disposición jurídica que imponga el deber a este sujeto obligado de contar con los insumos o el soporte documental sobre los temas tratados en discursos y mensajes públicos del Titular del Ejecutivo Federal”.

La SFP ‘desmiente’ a Presidencia

No obstante lo afirmado por la Presidencia de la República, existe al menos un documento en el cual consta la participación del titular del Ejecutivo en el proceso de adquisición de las pipas, para el cual el mandatario reveló, el 21 de enero pasado, haber ordenado la integración de una “misión” especial.

El documento es un memorándum, fechado el 18 de enero de 2019 y firmado por Andrés Manuel López Obrador, en el cual instruye a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y de la Función Pública, así como a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, a viajar a los Estados Unidos para adquirir las pipas.

“Amigas, amigos, servidores públicos, integrantes de la misión del gobierno federal, encargados de adquirir de inmediato autos-tanque para el transporte de combustibles que nos permitan enfrentar el robo de gasolinas y diésel sin dejar de garantizar el abasto a los consumidores del país”, reza el primer párrafo del documento de dos cuartillas.

En el texto, el mandatario separa en ocho apartados numerados las instrucciones a sus subalternos y en ellas destaca que la “lucha emprendida” por la actual administración “en contra de la corrupción y, en particular, para erradicar el robo de combustible, es irreversible”.

Llama la atención en el documento que no se puntualice ningún fundamento jurídico para soportar la decisión de integrar la “misión” que adquirió las pipas, ni para justificar las facultades con las cuales llevaron a cabo su tarea.

En el punto cuatro del documento, el Presidente sólo manifiesta que “por tratarse de un asunto de emergencia, de conformidad con las leyes y en uso de mis facultades, les instruyo de inmediato a la compra de los autos-tanque necesarios…”, pero se abstiene de precisar en cuáles leyes concretas se apoya para girar tal instrucción.

El documento, que fue entregado a VANGUARDIA por la Secretaría de la Función Pública, desmentiría a la Oficina de la Presidencia en su argumento de que la participación del Presidente en este proceso se habría limitado a “informar” a los ciudadanos sobre el tema, lo cual justificaría que dicha dependencia no tuviera documentación al respecto en sus archivos.

Y es que de la lectura del memorándum se desprende que la adquisición de los autos-tanque, actividad sobre la cual se informó en la conferencia de prensa del 24 de enero pasado, es producto de una instrucción directa del Presidente de la República, es decir, se trataría de un acto legal del titular del Ejecutivo.

Por otra parte, resulta llamativo que, pese a realizar una búsqueda “exhaustiva y razonable”, tanto la Secretaría Particular del Presidente como la Jefatura de la Oficina de la Presidencia no hayan podido localizar en sus propios archivos el memorándum firmado por el presidente López Obrador.

Un procedimiento ‘exprés’

A la “misión” presidencial le tomó solamente 48 horas y media desahogar, en la Ciudad de Nueva York, un procedimiento que podría tomar incluso meses en territorio nacional. Lo anterior, pese a que a la convocatoria acudieron 22 empresas y las actividades se llevaron a cabo en fin de semana.

De acuerdo con el “Informe institucional de transparencia en el proceso de adquisición de los auto-tanques para transporte de combustible”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y disponible en la página electrónica de la dependencia, todo el proceso fue desahogado entre las 12:30 horas del viernes 18 y las 13:00 horas del domingo 20 de enero pasados.

A las empresas participantes -media docena de las cuales firmaron memoranda de entendimiento el 23 de enero- les habría tomado apenas unas seis horas armar sus propuesta técnicas y económicas para someterlas a la consideración de la “misión”, un proceso para el cual la Ley de Adquisiciones contempla un mínimo de 10 días naturales.

Esto, debido a que la primera actividad, iniciada a las 12:30 horas del viernes 18 de enero, tuvo por objeto explicar a los representantes de las posibles empresas proveedoras, “el motivo y los requerimientos del Gobierno para la compra de auto-tanques, considerando la situación emergente en el país”, según el informe de la SFP, mientras que el proceso de recepción de cotizaciones se realizó entre las 19:00 y las 22:00 horas del mismo día.

Según el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el caso de las licitaciones internacionales, el plazo que debe darse a las empresas para la presentación de proposiciones “no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en CompraNet”.

La misma norma prevé que “cuando no puedan observarse los plazos indicados… porque existan razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios” es posible reducir el plazo para la presentación de proposiciones, pero dicha reducción está restringida a “no menos de diez días naturales”.

En el caso de adquisición de los carros-tanque ordenados por el Presidente de la República, sin embargo, las empresas participantes fueron capaces de armar sus expedientes en apenas unas cuantas horas.

Pese a la celeridad con la cual se desahogó el procedimiento, los integrantes de la “misión” tardaron un día más de lo que el Presidente de la República les pidió en su memorándum del día 18 de enero.

“En la reunión que celebrarán el día de hoy en Nueva York con la cámara de fabricantes y distribuidores de auto-tanques… es indispensable el compromiso de entrega inmediata, porque estos carro-tanques deberán estar en territorio nacional desde el lunes próximo (21 de enero)”, señala el mandatario en el punto 5 del documento.

En el siguiente numeral, les “recomienda” que, en su reunión del 18 de enero, procedan a presentar primero “a los fabricantes y proveedores las bases y requisitos de la licitación”, recibir propuestas el mismo día y a decidir “de manera colegiada… mañana mismo”.

La “misión”, sin embargo, concluyó sus trabajos en Nueva York hasta un día después y aún le tomaron tres días más (hasta el miércoles 23 de enero) para firmar los memoranda de entendimiento con seis empresas, según se informó en la conferencia de prensa del Presidente el día 24 de enero.

¿Sólo se acataron órdenes del Presidente?

De acuerdo con los documentos que el Gobierno de la República ha entregado a VANGUARDIA, a partir de la solicitud de información presentada, así como de lo informado en diversas conferencias de prensa y la documentación pública consultada, la integración de la “misión”, la ejecución de su plan de trabajo y los plazos en los cuales se desarrolló éste derivan de órdenes expresas del titular del Ejecutivo a funcionarios de su gabinete legal.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, quien adquirió los carros-tanque fue una “empresa filial no paraestatal de PEMEX” denominada III Servicios, S.A. de C.V. misma que opera merced a un “régimen especial” de la Ley de Petróleos Mexicanos, razón por la cual la adquisición de los 671 carros-tanque se habría regido por reglas de derecho privado y no por los preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“El área contratante es III Servicios, S.A. de C.V., empresa filial no paraestatal de PEMEX, bajo régimen especial de la Ley de Petróleos Mexicanos, sujeto al derecho privado y actualmente alineada a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS); en este sentido, la contratación en comento se rige por disposiciones de derecho privado”, señala de forma expresa el tercer párrafo de la sección “conclusiones” del Informe Institucional de Transparencia de la SFP.

Según el sitio web http://www.dii.com.mx/, la empresa III Servicios, S.A. de C.V. es una filial de “Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (Pemex DII)” y ambas son empresas “no paraestatales” de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con la descripción contenida en el sitio web, las citadas empresas cuentan con “capacidad técnica especializada de inversión, proyecto y desarrollo en el mercado inmobiliario, orientadas a la generación de valor de los bienes inmuebles propios y de terceros, con el fin de brindar soluciones y atender la demanda asociada al desarrollo de la industria petrolera y otras industrias públicas y privadas”.

En el apartado “proyectos realizados”, el sitio web de PEMEX DII exhibe 13 proyectos inmobiliarios que incluyen un muelle en La Paz, Baja California Sur; estancias militares en Coatzacoalcos, Veracruz; dos edificios de oficinas en Villahermosa, Tabasco y dos proyectos habitacionales en Coatzacoalcos, Veracruz.

Y aunque en su página no informa haber realizado ningún proyecto relacionado con el transporte de combustible, la empresa señala, en el apartado respectivo de su página web, que uno de los giros de su división “autotransportes” sería “otorgar en arrendamiento remolques y tracto camiones, remolques y semirremolques y convertidores (Dolly) o similares, así como vehículos automotores en general”.

De lo anterior se desprendería que la empresa III Servicios, S.A. de C.V. que, de acuerdo con la SFP fue la que adquirió los auto-tanques, le rentará al área respectiva de PEMEX dichos vehículos, actividad por la cual le cobrará una cantidad hasta ahora desconocida.