En Jalisco hay una violencia sistemática contra las mujeres, esa es la conclusión general del diagnóstico realizado por un grupo interinstitucional y multiacadémico convocado por el gobierno del estado y cuyos resultados serán presentados hoy al Ejecutivo estatal, que en los siguientes días emitirá una Alerta de Violencia contra las Mujeres.

“En términos generales, el diagnóstico concluye que hay una violencia sistemática en todos los espacios de la vida pública y aquellos que se encuentran entre la vida pública y lo privado, como escuelas, trabajo, calles o parques”, explicó Erika Loyo, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y quien se ha encargado de coordinar el trabajo de diagnóstico.

Según el documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, desde 2012, cuando se registraron 154 homicidios contra mujeres, se ha mantenido una constante que preocupa, pues en ningún año hay menos de 130 casos.

Esta violencia se concentra principalmente en ocho municipios del estado: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca.

“El municipio de Ameca presenta un grado significativo de casos de violencia sexual y se encuentra únicamente por debajo de Lagos de Moreno en feminicidios, lo que motivó encaminar el estudio y análisis de su contexto a fin de incluirlo como zona de riesgo que amerita atención especial”, señala el documento.

Sin embargo, este análisis no sólo se centró en los feminicidios, sino en todo tipo de violencia contra las niñas y mujeres, en las denuncias interpuestas, en casos de violencia sexual y los casos de violencia comunitaria, explicó Loyo.

Consideró que esto permitirá emitir una alerta estatal que, a diferencia de las alertas nacionales para los estados de México y Morelos, trazará una ruta de trabajo que involucre a los tres niveles de gobierno y los tres poderes del estado con el fin de implementar medidas urgentes, medidas de protección, de seguridad, de prevención y acceso a la justicia.

Otro de los aspectos preocupantes que se muestran en el análisis es la violencia que ocurre en los hogares: “al efectuar un comparativo entre las denuncias por violencia intrafamiliar de 2008 a 2012 nos da un total de 18 mil 561, sin embargo, se emitieron en ese mismo lapso 5 mil 122 órdenes de protección, lo que nos habla de un desfasamiento entre ambas variables, lo que se traduce en desatención, desconocimiento e incluso negligencia, o lo que es lo mismo, violencia institucional”, señala el documento.

Al respecto, la titular del IJM asegura que en este trabajo se ha dado un gran peso al diseño de políticas públicas de prevención que tengan un enfoque en seguridad ciudadana y perspectiva de género.

Aunque el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, ya conoce los resultados del diagnóstico y ha decidido emitir la alerta para comenzar a implementar las acciones para combatir este problema, la mañana de este lunes, en una sesión a puerta cerrada, se presentarán las conclusiones al titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López Lara.

“La alerta estatal es integral, a diferencia de lo que ha pasado en otros estados, en Jalisco se ha hecho un proceso implicativo por parte del gobierno estatal en todo el proceso para abrir todos los espacios a la investigación (…) hay que hacer de esto una causa común porque si no lo hacemos así el asunto no podrá solucionarse; no es un asunto sólo del gobierno, sino de la sociedad, para visibilizarlo y desnaturalizarlo”, afirmó Loyo.

Además de dar a conocer sus conclusiones, el grupo que realizó el diagnóstico hará propuestas de solución e indicadores que se han integrado a una agenda concreta que cuatro meses después de la emisión de la alerta pretende generar los primeros “productos”.

“Después un año se hará una evaluación de esto y se corregirá lo que se tenga que corregir; el reto es que en los tres años que le restan a esta administración se pueda incidir en lo estructural con una serie de políticas públicas que impacten”, dijo la funcionaria.

El grupo que realizó este trabajo está integrado por cinco representantes de la academia —Guadalupe Ramos (UdeG), Pablo Moloesnik (UdeG), Raquel Partida (UdeG), Patricia Ortega (UdeG) y Ana Gilda Lozano (ITESO)—, personal de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Salud del estado; además, se invitó como observadores del proceso al Instituto de Transparencia e Información Pública, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.