Defensores de los derechos humanos en Coahuila denunciaron que las leyes de Coahuila impiden castigar los actos de tortura. Pidió a los diputados locales armonizar los ordenamientos de acuerdo con tratados internacionales para que las sanciones sean acordes a los actos cometidos.

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, señaló que en información proporcionada por el Gobierno del Estado, los actos de tortura son investigados por la Procuraduría General de Justicia del Estado como si se tratara de lesiones y detenciones arbitrarias.

“Es preocupante que en el propio informe aparezca que en tortura ha habido investigaciones que se limitan a lesiones y detenciones arbitrarias y es una constante. Esto es porque la ley del Congreso no está actualizada ni armonizada con tratados internacionales, la Procuraduría toma la ley local y no tiene forma de acreditar la tortura, cuando por supuesto que existe”, señaló.

Pidió a los integrantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Congreso del Estado, hacer una revisión de la ley de tortura para que se le hagan las modificaciones necesarias con el fin que sea más justa.

Por otro lado, destacó que en semanas recientes el Congreso local aprobó una nueva Ley de Protección a los Defensores de Derechos Humanos de Coahuila, sin embargo expresó su inconformidad con el hecho de que antes de aprobarse, la iniciativa nunca fue sometida a una consulta con los activistas de los derechos humanos que hay en todo el estado.

“En defensores de derechos humanos se acaba de promulgar una ley para su protección, me preocupa mucho que se compartió la iniciativa, pero el Congreso no sometió esta ley a consulta con defensores que hemos sido amenazados de muerte por delincuentes, autoridades municipales, estatales y federales, promulgaron una ley importante, pero no está construida con la comunidad. Es una ley que tiene muy pocas posibilidades de aplicabilidad, tiene serias deficiencias y no es una política pública”, manifestó.

Finalmente criticó los actuales procedimientos para elegir al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila, tema que también pidió que sea revisado por los legisladores locales en las próximas semanas.