CIUDAD DE MÉXICO.- Como “absurda” y parte de la campaña de desprestigio calificó Vidulfo Rosales Sierra la denuncia penal interpuesta por José Antonio Ortega Sánchez,  presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza.

En entrevista telefónica con Apro, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que representa a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014–, señaló que “a reserva de conocer con detalle la querella, lo que se ve es que la denuncia no sólo es absurda sino que forma parte de la andanada desplegada por la derecha de este país para atacar al mensajero, en este caso los integrantes del GIEI”.

Rosales Sierra consideró que la estrategia de acusar a los expertos que investigan la desaparición de los jóvenes ocurre ante “la imposibilidad de acallar el mensaje, que es el informe del GIEI que echa abajo la verdad histórica del gobierno federal”.

El abogado de Tlachinollan recordó que “el GIEI surgió a partir de un acuerdo entre el Estado mexicano, las víctimas y la CIDH, por las medidas cautelares otorgadas por ese órgano que no tiene otro objetivo más que monitorear el respeto de los derechos humanos en la región y fortalecer las democracias en el continente”.

Al señalar que el acuerdo de creación del GIEI tiene como objetivo que el Estado mexicano reciba asistencia técnica, apuntó que esa figura ha sido utilizada en otros países como El Salvador, Guatemala y Colombia “con el único objetivo de garantizar el acceso a la verdad para las víctimas y esa asistencia técnica en todo momento es auspiciada y financiada por los Estados miembros de la OEA, como es el caso de México”.

Sobre la querella contra Emilio Álvarez Icaza, el abogado señaló que de parte de los denunciantes hay total desconocimiento de la forma de operar de la CIDH, ya que “quien aprueba la creación del GIEI son los comisionados en acuerdo con el Estado y a él no le corresponde manejar recursos”.

Al insistir en que se trata de una denuncia “absurda”, Rosales Sierra apuntó que “detrás de ella está la intención de proteger al Ejército, de evitar a toda costa que se revelen el papel que jugaron los militares la noche del 26 de septiembre de 2014”.