Las prisas con las cuales se aprobó el Sistema Estatal Anticorrupción hace un año, salieron a relucir en el “Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción”, que encontró diferencias importantes, y hasta omisiones, sobre todo en el rubro de fiscalización.

La Ley del Sistema Anticorrupción de Coahuila fue publicada el pasado 14 de julio de 2017, y ahora el Diagnóstico elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción encontró que tiene omisiones y diferencias con respecto al Sistema Nacional.

Los objetivos planteados fueron: verificar el grado de cumplimiento de la obligación de armonización del marco jurídico estatal; identificar aquellos rubros o temas en los cuales aún existen inconsistencias; reconocer las coincidencias y diferencias; identificar aquellos aspectos que son uniformes en las legislaciones locales; y, registrar situaciones innovadoras que pudiesen representar áreas de oportunidad para su adopción en otros sistemas estatales o en el nacional.

El estudio también contó con un semáforo en el cual el color verde fue para la coincidencia estatal y nacional de un concepto evaluado, amarillo para un concepto parcialmente contenido (diferencias), y rojo cuando no existe o difiere totalmente (omisión) a los conceptos establecidos.

Coahuila tuvo semáforo rojo en Sistema de Fiscalización porque no tiene objetivo ni conformación, además que es omisa en la mayor parte de la Plataforma Digital Local, que no tiene información mínima del Sistema Nacional en esta materia.

Además se encontraron diferencias (semáforo amarillo) en los objetivos de la Ley Anticorrupción, en la conformación de los sistemas locales, en los objetivos y facultades del comité coordinador, y en las facultades de su presidente.

“En lo que se refiere a la conformación de sistemas locales o la coordinación y participación de autoridades del nivel municipal, las omite por completo. Lo mismo ocurre con la noción de un sistema estatal de fiscalización, limitándose a mencionar la coordinación de las autoridades estatales con el Sistema Nacional”, señala el Diagnóstico.

Hace un año, cuando se aprobó este sistema a nivel local, la bancada del PAN en el Poder Legislativo local cuestionó que este era una “vacilada”, mientras que organismos de la sociedad civil criticaron “las prisas” con la que se aprobó este sistema. 

La anterior administración estatal, promotora de la ley, aseguró que la norma era igual a la aprobada a nivel federal.