Por Ivette Lira para SinEmbargo

Ciudad de México.- Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 88 personas defensoras del medio ambiente fueron blanco de ataques en México, y en 29 de esos casos se llegó hasta el asesinato, informó este día el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Al dar a conocer el “Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017”, Cemda alertó del aumento en el número de homicidios y violencia en contra de los activistas.

De los 88 casos, las agresiones más recurrentes fueron las físicas que ascendieron al 18 por ciento, después la criminalización con 16 por ciento y el homicidio en un 15 por ciento.

Cemda identificó que el principal perpetrador de dicha violencia es el Estado mexicano en sus tres niveles, ya que el 36 por ciento de las agresiones provino de entes gubernamentales. De ese total, 57 por ciento lo abarcaron autoridades estatales, 26 por ciento municipales y 17 por ciento federales.

Durante la presentación del análisis realizado por cuarto año consecutivo, esta vez en las inmediaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, apuntaló que sólo durante 2017, 15 ambientalistas fueron privados de la vida en la nación gobernada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

“Nuestro país sigue siendo muy peligroso y muy riesgoso [para los defensores ambientalistas]”, afirmó Alanís Ortega.

Desde 2010 hasta 2017, señaló Alejandra Leyva, abogada en el Cemda, han sido registrados 391 casos de ataques contra los activistas ambientalistas, entre ellos se incluyen criminalización, hostigamiento, amenazas, y en varios casos, homicidio.

La especialista en temas legales de medio ambiente, alertó que el Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo Maza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), continúa con las cifras más elevadas en los ataques contra las personas defensoras de la naturaleza, los territorios y los recursos naturales, donde se registraron 10 casos. Le siguieron Oaxaca y Puebla con 8 casos, y Chiapas y Sonora con 6.

Las actividades más frecuentemente relacionadas con las agresiones resultaron ser la minería, los proyectos de infraestructura, los hidroeléctricos, los de obras públicas, los inmobiliarios, los de energía renovable, de siembra transgénica y de tala clandestina.

Leyva indicó que aunado a ello, los activistas son estigmatizados por distintos actores, quienes los acusan de ir contra las inversiones, el empleo y el desarrollo económico del país. En ese sentido manifestó que “ningún proyecto puede pisotear los derechos de los defensores y las comunidades”.

Al respecto, Alanís Ortega, aclaró que Cemda no busca frenar el desarrollo económico de México, sin embargo, puntualizó, “eso no puede hacerse a costa de la naturaleza ni a costa de los defensores ambientales”.

El maestro en derecho internacional con especialidad en asuntos de medio ambiente, expuso que los defensores ambientales en la República Mexicana no son atendidos en sus causas y sus luchas y por el contrario son ignorados y discriminados.

Por ello, recriminó que por parte del Estado mexicano no exista una protección integral y preventiva efectiva para salvaguardar la vida e integridad física de los activistas.

“El problema que revela el informe requiere de respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado mexicano”, urgió, de lo contrario la violencia continuaría. “Deben de cesar estas violaciones y esta violencia contra los activistas ambientales”, agregó.