México ratificó el acuerdo ambiental de Escazú ante las Naciones Unidad (ONU) en un contexto mundial de crisis sanitaria y que será puesto en vigor el próximo 22 de abril, Día de la Tierra.

"En estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca", dijo en reunión virtual la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

Para entrar en vigor el acuerdo necesitaba la ratificación oficial de al menos 11 países, cifra que ya se ha conseguido.

"El acuerdo nos muestra precisamente cómo la buena información, la cultura del diálogo y la concertación y la altura de miras nos pueden ayudar a lograr pactos y compromisos estratégicos para asegurar que la recuperación que queremos se enmarque en la Agenda de desarrollo hasta 2030", añadió Bárcena.

El acuerdo en cuestión es un instrumento regional sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y sus declaraciones interpretativas.

Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), aseguró que "la ratificación es una expresión de apertura ante el escrutinio nacional e internacional, de su voluntad multilateralista y de un compromiso con la protección de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente”.

La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, Martha Delgado, calificó este instrumento como "un logro histórico y sin precedentes para promover los derechos humanos y el desarrollo sostenible en América Latina".

El acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú. México lo suscribió el 27 de septiembre de ese año y es el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que brinda sustento a los derechos humanos en general y los derechos ambientales en particular.

También busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de capacidades y la cooperación.

Por otro lado, pretende contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.

Además, incorpora directrices tendientes a que los Estados que forman parte del acuerdo impulsen y promuevan la transparencia, participación del público en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente, o contravenga alguna norma jurídica relacionada a esta materia.

Asimismo, establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.