Durante la presentación de su informe anual 2020, el Fiscal General del Estado dio a conocer a la actual Legislatura las acciones que fueron desarrolladas en el aparato de justicia en torno a la llegada de la pandemia del COVID-19.

Además mencionar que se implementó un nuevo sistema informativo para el método de predenuncias que prevengan incrementar los contagios de COVID-19 en el Estado, dio a conocer que durante este año fueron preliberadas un total de 127 personas que se encontraban privadas de la libertad.

Estas personas, dijo, fueron sentenciadas a condenas privatorias de la libertad por delitos no graves, y debido a ello se tomó la determinación de preliberarlas y subsanar la población de las cárceles para evitar mayores contagios.

“Ello, por supuesto, sin menoscabo de los derechos de víctimas y ofendidos”, expresó Gerardo Márquez Guevara.

Fue a inicios de abril de este año cuando la Fiscalía y las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública dieron a conocer que empezarían con el análisis de por lo menos 50 casos de preliberación que ayudaran tanto a desahogar la población en los penales, como a prevenir los contagios masivos del virus.

En aquél entonces, la Fiscalía detalló que el cambio de estas medidas cautelares pueden hacerse efectivas en libertad con brazalete, firmas mensuales, fianzas o cumplir condenas o plazos de investigación en los domicilios.

Dichas preliberaciones se llevaron a cabo en los municipios de Piedras Negras, Saltillo y Torreón, tanto en Centros de Reinserción Social varonil como femenil.

De acuerdo con el Código Penal del Estado, entre estos delitos no graves se encuentran los robos sin violencia, delitos que no sean de carácter doloso, que tengan que ver con homicidios calificados, desaparición forzada, secuestro, entre otros.

La práctica de preliberación se había suspendido en Coahuila desde 2010.