Jorge Torres López, ex Gobernador interino de Coahuila y sucesor de Humberto Moreira en 2011, formalizó ante una corte federal de Corpus Christi, Texas, su intención de declararse culpable por transferencias millonarias por 2.7 millones de dólares a un banco de Bermudas en 2008, publicó el diario Reforma.

Torres López llegó a un acuerdo con la fiscalía y en su próxima audiencia ante la Corte, aceptará su responsabilidad por uno de los tres cargos que le fueron fincados en Texas.

El inicio del juicio contra Torres estaba programado para el 22 de junio y en él enfrentaría las acusaciones de lavado de dinero y dos modalidades de fraude a bancos estadounidenses por las transferencias hechas en 2008, las cuales fueron a parar al banco Old Mutual en Bermudas.

La jueza Nelva González agendó para el 17 de junio una videoaudiencia en la que aceptará la declaración de culpabilidad de Torres. Posteriormente, la jueza programará otra audiencia para dictar sentencia.​

Estos tres ilícitos fueron la razón para que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas solicitara a las autoridades mexicanas, vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, su extradición.

Torres López fue arrestado el pasado 5 de febrero en las costas de Jalisco y desde entonces enfrentaba un juicio de extradición al cual se resistió en primera instancia -mediante la interposición de un juicio de amparo- pero al que posteriormente se habría allanado a fin de estar en posibilidad de “limpiar su nombre” según declaró su abogado, Carlos A. Solis, a principios de octubre de 2019.

Pero, ¿qué implicaría que Jorge Torres López “limpie su nombre” en los Estados Unidos? En estricto sentido, que evite ser encontrado culpable y condenado en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Corpus Christi.

De acuerdo con la Enciclopedia Legal del Instituto de Información Legal (LII), de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell, la mayoría de los casos penales que se inician en los Estados Unidos no concluyen con un juicio ante un jurado, sino mediante un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado, acuerdo que en el argot legal del vecino país se conoce como plea bargain.

Un acuerdo de este tipo implica necesariamente que el acusado se declare culpable de alguno o todos los delitos de los cuales se le acusa, pero en algunas ocasiones implica también que testifique en contra de otros acusados, se explica en la Enciclopedia del LII.

A cambio de declararse culpable, la Fiscalía “usualmente accede a reducir el castigo del inculpado”, señala el documento consultado. Esto se logra usualmente reduciendo el número de cargos o la severidad de las acusaciones en contra del indiciado.

Estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos muestran que entre el 90 y el 95 por ciento de los casos que son resueltos en las cortes estatales y federales de ese país concluyen con un acuerdo entre el Fiscal y el acusado, razón por la cual es altamente probable que el caso de Jorge Torres se resuelva mediante este mecanismo.

Con información de Reforma