En el mundo anglosajón, particularmente en los Estados Unidos, todo es estadística y las decisiones -sobre todo las importantes- se toman a partir de consultar, en primerísimo lugar, los números.

La regla aplica no solamente para cuestiones financieras, sino para casi cualquier decisión, incluida la disyuntiva entre enfrentar un juicio o acceder a un acuerdo con la Fiscalía cuando se es acusado de un delito. En ese dilema se encuentra el exgobernador Interino de Coahuila, Jorge Torres López, acusado de tres delitos en una corte federal en Texas.

Y los números no son halagüeños pues, de acuerdo con las estadísticas de la Judicatura Federal de los Estados Unidos, durante el año fiscal 2018 (octubre 2017-septiembre 2018) sólo 320 de los 79 mil 704 individuos que fueron acusados por los fiscales norteamericanos obtuvieron una sentencia absolutoria.

Esto implica que las posibilidades de ser absuelto por el sistema penal de los Estados Unidos, tras haber sido señalado como presunto responsable de un delito, son de apenas 0.4 por ciento, es decir, un caso en cada 250.

La cifra anterior, sin embargo, se refiere a la proporción de absoluciones respecto del total de casos iniciados en las cortes federales de los Estados Unidos. Las posibilidades de éxito crecen de forma importante si sólo se considera a las personas que decidieron ir a juicio en el período señalado: 1 mil 879, es decir, 2.3 por ciento del total de acusados.

Desde esta perspectiva las cosas cambian mucho, pues 320 absueltos, sobre el total de personas sometidas a juicio, implica que las probabilidades de éxito son de 17 por ciento, es decir, uno en cada seis casos.

Pero la cifra vuelve a bajar si se revisan las estadísticas del delito de lavado de dinero, uno de los cargos enderezados contra Torres López. Durante el año fiscal 2018, un total de 768 personas enfrentaron este cargo en las cortes federales estadounidenses, De esas, sólo 41 decidieron ir a juicio y de este grupo apenas cuatro obtuvieron una sentencia absolutoria.

No es pues “un volado”, en el que las probabilidades de éxito son de 50 por ciento, sino una apuesta mucho más riesgosa pues, en el mejor de los casos, la posibilidad de fallar es del 90 por ciento.

Pocos juicios, muchos acuerdos

VANGUARDIA informó el jueves anterior que lo común en el sistema judicial estadounidense es que los procesos penales concluyan con un acuerdo (plea bargain) entre la Fiscalía y el acusado y que entre 90 y 95 por ciento de los casos -federales y estatales- acaban de esta forma.

De acuerdo con las estadísticas de la Judicatura Federal de los Estados Unidos, en el año fiscal 2018 el 90 por ciento de los 79 mil 704 casos penales iniciados concluyeron con un acuerdo, poco menos del ocho por ciento fueron “desestimados” (la fiscalía se desistió de la acción penal) y sólo el 2.3 por ciento fueron a juicio.

Como se informó, el acuerdo entre la Fiscalía y el acusado implica, necesariamente, que éste se declare culpable de uno o todos los cargos que se le imputan, a cambio de un castigo menor, o incluso de la absolución en caso de que proporcione información que permita a la Fiscalía procesar a otros individuos que se consideren “más importantes” que el acusado.

¿Por qué existe una proporción tan alta de acuerdos frente al número total de acusaciones? La razón se encuentra en lo que los abogados estadounidenses denominan “la pena de juicio” (trial penalty) y que se refiere a la diferencia entre la condena que se obtiene si se negocia un acuerdo o se pierde en juicio.

“La diferencia entre las condenas post-juicio y post-acuerdo puede ser tan amplia, que se convierte en una influencia abrumadora en la consideración del acusado de un acuerdo de culpabilidad”, señala la Asociación Nacional de Abogados Penales de los Estados Unidos en el documento “La pena de juicio: el derecho a juicio de la sexta enmienda, al borde de la estinción y cómo preservarlo”.

En el mismo documento se explica que cuando un fiscal ofrece al acusado reducir una condena de varias décadas a unos cuantos años (de 30 a 5 años, por ejemplo), “cualquier posibilidad que el acusado tuviera en el asunto queda prácticamente eliminada”, pues ante el riesgo de perder el juicio, se opta por el acuerdo.

*Las cifras se refieren al año fiscal 2018 que, en Estados Unidos abarca del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018