La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Coahuila presentó el 28 de agosto del año 2018 una denuncia contra quien resulte responsable por hechos cometidos en agravio del Poder Judicial del Estado, en relación al caso Ficrea, confirmó la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción (FEHC). 

El organismo anti-corrupción informo que derivado de esta denuncia se inició la carpeta de investigación correspondiente. 

En la indagatoria recabaron diversos datos de prueba consistentes en informes, documentales, entrevistas, entre otras diligencias ministeriales, informó la FEHC.

"El mes de noviembre del año 2018 fue emitida una consulta de No ejercicio por parte del Representante Social, derivado del análisis de los registros que componen la carpeta de investigación del No ejercicio, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción declaró infundado el No Ejercicio, ordenándose nuevos actos de investigación", indicó la Fiscalía Especializada en un comunicado. 

Esta mañana VANGUARDIA publicó que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila habría perdido al menos 1.3 millones correspondientes a intereses que debió pagarle Ficrea. 

Los 1.3 millones “extraviados” corresponderían a depósitos realizados por el TSJE durante 2011, 2013 y 2014, años durante los cuales los registros contables del Poder Judicial reflejan ingresos menores a los que debió pagarle Ficrea por concepto de intereses.

Pide el PAN intervención de la Comisión Nacional Bancaria en el caso de Ficrea

La Auditoría Superior del Estado (ASE) no ha querido dar respuesta puntal a una serie de cuestionamientos que el Comité Directivo Estatal del PAN ha presentado sobre la situación financiera del Estado de Coahuila, denunció el presidente de ese instituto político en la entidad, Jesús de León Tello.

Uno de los temas que abordó fue el de Ficrea, sociedad financiera en la que el Poder Judicial de Coahuila perdió recursos públicos por más de 120 millones de pesos mediante depósitos que fueron triangulados.

La información al respecto dijo la han estado solicitando desde inicios de 2015, fecha en la que se ordenó una auditoría especial y se cuantificó el daño que se produjo al Poder Judicial del Estado, pero la ASE no hizo nada hasta el 2018, cuando el Fiscal Anticorrupción, Jesús Flores Díaz, determinó el no ejercicio de la acción penal y dice que no hay elementos constitutivos de delito.

Esto, sin duda, es una omisión grave, cuando evidentemente se trata de un delito que debe perseguirse por el quebranto al Poder Judicial y que se debió sancionar y consignarse ante un juez para llevar a cabo las acciones legales en contra de los responsables y lograr la restitución de esos fondos.

Con información de Sandra Gómez