Se ha dicho en diversas ocasiones, pero habrá que insistir en el punto: cualquier observador externo, sin necesidad de ser perito en Derecho, pudo llegar desde siempre a la conclusión de que el denominado “Ficreazo” tiene todas las características de un escandaloso caso de corrupción.

Pero los elementos que han venido saliendo a la luz en los últimos días, y de los que hemos dado cuenta en VANGUARDIA, no dejan lugar a dudas. En particular, la denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) despeja cualquier incógnita al respecto, pues la narración detallada que realiza de los hechos deja perfectamente claras las cosas.

El reporte que publicamos en esta edición es contundente en este sentido, al retomar los señalamientos que la ASE formula en su denuncia, respecto de cómo el total de las operaciones realizadas entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJE) y Ficrea fueron “trianguladas” a través de un banco (BBVA) y dos empresa privadas, cuya participación en las operaciones financieras entre ambas partes resulta injustificable.

Imagine usted que un día decide ir al banco “A” para abrir una cuenta de ahorros, pero cuando pregunta cómo se realiza un depósito en esa cuenta, el funcionario le dice que debe acudir al banco “B” y hacer el depósito ahí, en lugar de ir a la ventanilla del banco en el cual abrió la cuenta.

Y luego, cuando acude al banco para realizar un retiro, le dicen que para recibir su dinero debe ir al banco “B”, ¡o al supermercado de la esquina!

Pero probablemente usted, aunque el procedimiento le pareciera extraño, no le prestaría mayor importancia, siempre que le entregaran su dinero cuando lo solicitara y al preguntar cuánto dinero hay en su cuenta le dijeran la cifra que usted ha calculado por sus propios medios.

Pero un servidor público –y además uno experto en leyes– tendría que darse cuenta de inmediato que algo está muy mal en este proceso, además de entender que al aceptar tales condiciones está incumpliendo con las obligaciones que le imponen las leyes.

Porque a diferencia de un ciudadano común –que puede hacer con su dinero, literalmente, lo que le venga en gana– los exfuncionarios del Poder Judicial de Coahuila no estaban usando su dinero, sino los recursos de todos para realizar las operaciones que derivaron, como bien sabemos, en la pérdida de decenas de millones de pesos. 

La gran pregunta aquí es, ¿cómo es posible que cualquier persona pueda llegar fácilmente a la conclusión de que en la “trama Ficrea” se cometieron múltiples delitos, pero las autoridades responsables de perseguirlos y castigarlos consideren que los servidores públicos involucrados no pueden ser sometidos a juicio?

La triangulación de los recursos documentada por la ASE en su denuncia no deja lugar a dudas, y eso debería bastar para que la Fiscalía Anticorrupción decida ejercer acción penal contra el expresidente del TSJE, Gregorio Pérez Mata, y quienes actuaron con él, incluso si en su momento la Procuraduría General de Justicia del Estado les “exoneró” tramposamente.

Cabría esperar que ante la evidencia que ha sido publicada, la dependencia se decida, de una buena vez, a cumplir con su deber.