El gobierno de Graco Ramírez cometió un presunto fraude por, al menos, 27 millones de pesos en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad Pública, recursos que debieron utilizarse para capacitar a elementos policíacos y custodios de reclusorios, pero la capacitación nunca ocurrió, aunque sí se pagó.

En el fraude estarían involucradas también las autoridades que se hicieron cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en la anterior administración, encabezadas por el actual titular del ramo en Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra. De acuerdo con el actual encargado de Seguridad Pública en Morelos, el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, más de 400 elementos de la Comisión Estatal no tuvieron ninguna capacitación durante la pasada administración.

Entre el personal que no recibió capacitación en el sexenio anterior, se encuentran elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, es decir, del mando único, así como custodios de diversos reclusorios y agentes de la Policía de Investigación Criminal, asignados a la Fiscalía General de Justicia.

Estos cursos de capacitación son obligados para poder obtener certificaciones y para su realización se obtuvieron recursos federales por alrededor de 27 millones de pesos, mismos que se pagaron pero los cursos de capacitación no se realizaron. Por ello, la Comisión ha entregado toda la documentación probatoria a la Contraloría del estado, de tal suerte que esto derive en una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se deslinden responsabilidades y se castigue a los responsables.

El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ha presentado casi una treintena de denuncias contra su predecesor, el perredista Graco Ramírez y funcionarios de su gobierno, por diversas irregularidades cometidas durante el anterior sexenio. A estas denuncias, la mayoría presentadas ante autoridades locales, se suman varias que se presentaron ante la PGR.

Las denuncias han sido por obras públicas que fueron liquidadas en su totalidad, pero que no fueron concluidas ni entregadas, así como presuntos desvíos de recursos en distintas dependencias, como el sector salud y educación. A ello se suma el problema con los recursos para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

No obstante, hasta el momento no han concluido las revisiones y auditorías de todos los sectores, por lo que todavía se espera que haya más denuncias, pues se considera que aún existen irregularidades que no han sido detectadas.