La prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, que concentran 55 por ciento de lagos y ríos, se levantó con los decretos de reservas de agua publicados hace 10 días por el gobierno federal. Esto llevará a que el líquido sea concesionado hasta por 50 años a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de esas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades.

Esta medida favorece el uso doméstico y público urbano del recurso para que los gobiernos locales, que concesionan el servicio de agua potable lo cedan a las empresas privadas, como ya ocurre en Veracruz, Puebla, Saltillo y otros municipios. Miles de núcleos agrarios están en riesgo de perder sus permisos y preparan amparos, informaron expertos de la coalición Agua para todos.

Aunque organizaciones, académicos y legisladores de oposición evitaron que en esta administración saliera adelante la iniciativa oficial de la ley General de Aguas, que preveía trasvases y la privatización del líquido, ahora con estos decretos publicados el 5 de junio se eliminan las vedas vigentes por varias décadas y se hace la asignación de grandes volúmenes a las comisiones locales de líquido, varias de ellas bajo control privado, sostuvo en un análisis de los documentos, un grupo de expertos del programa de Investigación para la sustentabilidad de la UAM e integrantes de la coalición arriba citada.

En nombre de la conservación, se levantaron vedas en la mitad del país y se favorecen los trasvases del recurso, que implican llevarlo de una región a otra, como en el sistema Cutzamala, que lo lleva del estado de México a Ciudad de México. Los proyectos Monterrey VI, que preven conducir líquido del Pánuco a la capital de Nuevo León, y el Zapotillo, que distribuye agua de Jalisco a Guanajuato.

Se levanta veda en 300 de las 756 cuencas de la nación

Los decretos determinan levantar los impedimientos de líquido vital, así como el otorgamiento de concesiones en 40 por ciento de las cuencas (300) de las 756 del país y que se encuentran en 20 estados, representan 55 por ciento del volumen superficial, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que explicó que la reserva es un volumen de agua destinado para la protección de la naturaleza y el consumo humano.

La WWF informó que participó con la Comisión Nacional del Agua en la definición del recurso que requiere la flora y la fauna en una cuenca para su conservación, así como el que se necesitará ante el crecimiento de la población en los próximos 50 años, respetando sus usos para actividades productivas actuales y aquellas que se habrán de desarrollar en el futuro.

Uno de los autores del análisis, Pedro Moctezuma, ejemplificó que en las cuencas de los ríos Actopan y la Antigua, el decreto correspondiente plantea el uso doméstico y público urbano, así como la modernización de los servicios del líquido, que sería manejado por las empresas Odebrecht y Aguas de Barcelona, concesionarias del sistema de agua del puerto.

Con estos acuerdos se extinguen las concesiones sin título vigente, y se estima que hay alrededor de 50 mil en esa situación, que tienen sus documentos caducos, ya que muchos núcleos agrarios tienen las dotaciones del líquido por decreto presidencial, pero esta figura cambió en la ley de Aguas Nacionales y no las renovaron.

El especialista manifestó que las vedas que recién se levantaron se ubican en zonas donde está prevista la actividad energética, como en la cuenca San Fernando Soto La Marina, en Tamaulipas y Nuevo León. Sumado a ello, los decretos desconocen las garantías de los pueblos indígenas.

Ahora se da una reorganización de las asignaciones o de las concesiones de recurso hacia las zonas urbanas, a costa de los derechos de núcleos agrarios y se pone en riesgo el derecho humano al agua de las comunidades rurales, lo cual ni siquiera está planteado, a pesar de que es un derecho constitucional. Esos documentos indican que se dará la concesión al primero que presente su solicitud, que obviamente serán las empresas energéticas y mineras, señalaron los expertos.