La Red de Mujeres de La Laguna se reunirá con una comisión del Gobierno del Estado para atender de manera conjunta las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) sobre las fallas en las políticas públicas implementadas para atender la violencia de género en Coahuila. 

Estas recomendaciones y/o propuestas fueron hechas a partir de una visita que realizó un equipo multidisciplinario integrado por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría de Salud, Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dos académicas, dos locales y dos más nacionales, a finales de julio pasado en Torreón, tras una serie de feminicidios registrados en la región de La Laguna. 

Ese grupo de trabajo el año pasado examinó hospitales, normas oficiales mexicanas, actuación de los jueces, ministerios públicos y policías. Además de las legislaciones en la materia de derechos humanos, el funcionamiento del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres y el Instituto Municipal de las Mujeres. 

Ariadne Lamont Martínez, vocera de la Red de Mujeres de La Laguna, dijo a VANGUARDIA que este lunes fueron contactados vía telefónica por una comisión de Gobierno del Estado encargada de ese tema. 

“Nos contactaron y nos vamos a sentar con ellos para ver de qué manera podemos hacer para que se cumplan todas las recomendaciones”, y aclaró que ninguna integrante de la red de mujeres ha visto el documento, pues éste no ha sido publicado aún por la Conavim. 

“Nosotras vemos con buena voluntad que están dando el primer paso hacia nosotras, porque fuimos quienes solicitamos esa alerta y queremos decirle a los ciudadanos que esas recomendaciones ya están y serán atendidas por el Gobernador”, y expuso que estarán monitoreando el cumplimiento de cada una de las recomendaciones. 

Finalmente, Lamont Martínez explicó que la alerta de género —un mecanismo creado con el objetivo de tomar acciones cuando se detecten condiciones que propician o se incrementa la violencia contra las mujeres— se declara en dos momentos: cuando el Gobierno del Estado rechaza las recomendaciones o al plazo de seis meses de que no se cumplieron.