La Alianza Ciudadana por Coahuila, integrada por el PAN, PES y UDC estaría operando una red ilegal de coacción al voto a favor del candidato Guillermo Anaya Llamas, por medio de lavado de dinero y financiamiento irregular, denunció el presidente de la Fundación Colosio, David Aguillón Rosales.
 
En conferencia del prensa en la sede estatal del PRI, Aguillón Rosales dijo que se está cometiendo un “fraude electoral y financiero por parte del candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, y que constituye la compra de votos más grande de la historia que se tenga registrada en el país”.
 
La red se descubrió inicialmente porque un colaborador cercano de Guillermo Anaya hizo llegar la información a la Fundación Colosio, que ha empezado a interponer denuncias ante autoridades electorales, la PGR, la Fepede y Hacienda, para que se investigue el origen del dinero y se castigue a los responsables.
 
En esta red de compra de votos se destinarían más de 70 millones de pesos de cuya procedencia no se tienen datos, con pagos con tarjetas de nómina Banorte a los operadores, cuyos depósitos se hacen con el Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, del cual no se tienen más datos.

De acuerdo con los datos recabados por Fundación Colosio, el fraude electoral se viene maquinando desde inicio de año con los Consejos Ciudadanos integrados por 6 mil activistas a sueldo y dedicados a comprar votos para Anaya Llamas.
 
“A principio de este año se comenzó con la integración de los denominados “Consejos Ciudadanos”, en donde Guillermo Anaya, junto a Luis Fernando Salazar y Bernardo González, presidente del PAN, buscan reclutar a más de 6 mil personas en todo el estado para realizar reuniones vecinales en donde mediante loterías, venta de leche, entrega de despensas y pláticas, se promueve la imagen del candidato del PAN Guillermo Anaya, para la gubernatura”, dijo Aguillón.
 
Los integrantes de los Consejos Ciudadanos reciben pagos semanales de 350 pesos a 2 mil 500 pesos, lo cual daría una suma casi de 70 millones de pesos en las 16 semanas de campaña.
 
Las cuentas bancarias de las tarjetas de nómina Banorte reciben depósitos de ciudades como Mexicali, Saltillo, Monterrey y Reynosa, Tamaulipas; el origen es incierto y siempre es en efectivo.

“Las personas enganchadas en los famosos consejos ciudadanos”, explicó Aguillón “reciben tarjetas de Banorte, pero la instrucción es sólo cobrar en cajeros, pues si llegan a ventanilla el promotor panista tendría que mostrar una identificación oficial y quedaría al descubierto que la tarjeta de nómina está a nombre de otra persona”.

De acuerdo con el dirigente de la Fundación Colosio, Anaya estaría incurriendo en delitos como lavado de dinero, coacción del voto, financiamiento ilegal, financiamiento paralelo, uso de recursos ilícitos en campañas electorales, violación de topes de campaña, peculado, entre otros.
 
CÓMO OPERAN LA RED DE LAVADORES
 
1.-Bajo él, el senador Luis Fernando Salazar Fernández, quien tiene la relación directa con quienes desde “el anonimato” financian la operación. Esta estrategia fue operada por el propio Salazar en los procesos electorales de Querétaro y Tamaulipas en donde fungió como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

2.-De Luis Fernando dependen dos mandos: Miguel F. Batarse, como responsable de la gestión de los millonarios depósitos y el acuerdo con los bancos para para la expedición de las miles de tarjetas que hoy inundan el estado.

3.-El otro mando es Alma Rosa Huitrón, quien tiene a su cargo la capacitación de quienes conforman los Consejos, así como la organización de loterías semanales y la distribución de leche y despensas.

4.-Junto con ella, figuran en la operación territorial Carlos Orta, ex presidente estatal del PAN y Alejandro Gámez Handal, un empresario lagunero afín al PAN.

5.-Ubicados bajo el control de Salazar Fernández, pero en un esquema que opera con toda independencia sobre el resto de la estrategia, aparecen los nombres de quienes proveen los recursos:

Eduardo Sierra González, un empresario de Durango y director de la franquicia Sr. Molletes. Entre sus antecedentes públicos está el haber sido detenido en 2010 en Canadá junto a otras dos personas por portación de cocaína y metanfetaminas.

Aldo Andrés Minjarez Ortiz, un sonorense ligado al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, vía el hoy recluso Guillermo Padrés y Jorge Garza Aburto, saltillense y quien fue Subgerente de Planeación y Administración de Pemex de 2011 a 2012.
 
Fuente: Fundación Colosio.