Ante las críticas dirigidas contra jueces y magistrados federales por fallos controvertidos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) implementó un monitoreo para detectar los asuntos que son criticados en redes sociales y en medios de comunicación, más allá de las quejas normales de las partes involucradas en un juicio.

Fue de esa forma que desde que el juez tercero de distrito con sede en Veracruz, Anuar González Hemadi, dictó el 23 de marzo pasado sentencia favorable a Diego Cruz, uno de los cuatro jóvenes conocidos como Los Porkys, acusados de violar a la joven Dafne N, las comisiones de vigilancia y disciplina del CJF revisaron la resolución judicial y elaboraron un informe que le permitió al consejo, una semana después, suspender e iniciar una investigación en contra del juzgador.

Este no es el primer asunto de escándalo de juzgadores federales, pero sí el más mediático de los meses recientes.

De acuerdo con las fuentes judiciales, desde que dictó sentencia González Hemadi se prendieron los focos rojos entre los consejeros de la Judicatura Federal, debido a la forma en que el juzgador había justificado su decisión para darle la razón al presunto responsable de violación, sobre quien dijo que pese a tocar los senos de la joven y de introducir sus dedos en la vagina de ésta, no quedó demostrada una "intención lasciva" o de "copular".

El monitoreo, explicaron los informantes, tiene dos vertientes fundamentales: una la del seguimiento que dan los medios de comunicación a determinadas resoluciones o casos, y otro que tiene que ver con el impacto que causan en las redes sociales determinados asuntos.

En el caso de la joven Dafne, añadieron, las reacciones negativas hacia la decisión del juez se dieron tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, por lo que, en un hecho prácticamente inédito, bastó una semana para que el pleno conociera el informe respectivo y procediera como ya es del dominio público.

Los informantes reconocieron que ese monitoreo no es gratuito, ya que en su momento permitió seguir las denuncias en contra de jueces acusados de favorecer a Juan José Rojas Cardona, conocido como El zar de los casinos, de permitir la introducción ilícita de los llamados carros chocolates o la ayuda brindada a la constructora española OHL.

En agosto de 2015, el CJF investigó al juez José Manuel Torres Ángeles, acusado por una agrupación civil de proteger los intereses de OHL y de diversas constructoras.

En noviembre de 2014, después de dos años de investigación, el CJF suspendió definitivamente y fincó responsabilidades administrativas al juez José Neals André Nalda y al magistrado Juan Manuel Serratos García por beneficiar a introductores de vehículos usados de Estados Unidos.

En mayo de 2014 suspendió a los magistrados Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, por presuntamente haber emitido fallos judiciales que favorecieron a Juan José Rojas Cardona, conocido como El zar de los casinos.