México atraviesa uno de los periodos de mayor agresión contra los medios de comunicación y los periodistas, ya sea por la violencia directa o por el control que los gobiernos ejercen limitando los recursos publicitarios a medios incómodos y críticos, pero desbordando apoyos para sus "compinches", exigió hoy la Sociedad Interamericana de Prensa al rendir el informe de nuestro país en su 72 Asamblea General.

El reporte correspondió en esta ocasión a Carlos Salinas, Director General de El Diario de Coahuila, quien destacó de entre abril y octubre de este año fueron asesinados siete periodistas en el país; que cada 22 horas un periodista o un medio recibe algún tipo de agresión y que en lo que va del 2016 de esas agresiones 165 han sido perpetradas por funcionarios estatales, municipales y, en menor medida, federales.

Aquí el texto íntegro del mensaje:

Este fue uno de los períodos con mayor cantidad de agresiones contra medios de comunicación y periodistas. Entre abril y octubre fueron asesinados siete periodistas: Aurelio Campos, Pedro Tamayo, Salvador Olmos García, Zamira Esther Bautista, Elpidio Ramos Zarate, Manuel Torres y Francisco Pacheco Beltrán, 11 periodistas en total desde comienzo de año. 

De acuerdo a registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el 2000 hasta el 16 de septiembre de 2016 han ocurrido 118 homicidios de comunicadores, 20 han desaparecido desde 2005 y se han registrado 49 atentados contra medios desde 2006.

Cada 22 horas un periodista o medio fue agredido, aunque muchas agresiones no fueron documentadas porque no son denunciadas por temor a represalias.

Entre agresiones físicas, detenciones arbitrarias y amenazas, 165 fueron perpetradas por funcionarios estatales, municipales y, en menor medida, federales. 

Veracruz encabeza las agresiones con 69 víctimas, seguido de la Ciudad de México con 67, en Guerrero 57, en Puebla 39 y en Oaxaca 37. En cinco entidades del país se concentra el 66% de las agresiones.

La CNDH estima que 251 reporteros se encuentran desplazados de su lugar de origen como consecuencia de las amenazas de muerte que han recibido. La mayoría de esos comunicadores se moviliza sin el apoyo del Gobierno federal, a veces son ayudados por otros periodistas, porque no existe credibilidad en el mecanismo de protección. La misma CNDH ofreció medidas cautelares y acompañamiento a varios periodistas que recibieron amenazas. Se mencionan a: Denise Maerker, Héctor de Mauleon, Julio Hernández, Olivia Zeron Y Rafael Pérez. 

En un ambiente de guerra como el que se vive en Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila y en la mayor parte de los estados, la tarea de la prensa resulta molesta para los gobiernos estatales y municipales –que ejercen el poder como virreyes- y para los capos de las drogas que necesitan corromper y transar a esas mismas autoridades. 

Muchos periodistas víctimas fueron torturados y sus cuerpos mutilados con la intención sembrar y silenciar a la prensa.

 84 agresiones en 2015 fueron contra mujeres periodistas, según un informe de Artículo 19.

Internet se ha convertido en una nueva arma para amenazar a las periodistas a través de hostigamiento, acoso sexual, amenazas, campañas de desprestigio con fuerte connotación sexual, fotomontajes difundidos con la intención de estigmatizar a la víctima y publicación de fotografías y material privado.

De los 30 ataques cibernéticos documentados en 2015 por Artículo 19, 15 ocurrieron en el estado de Puebla; de estos, 14 contra las versiones digitales de dos medios impresos: Centro, con 10 y La Jornada de Oriente con cuatro.

En Puebla, el gobierno de Rafael Moreno Valle con 39 atentados a periodistas, ha adquirido programas y software malicioso, desarrollado para el espionaje y la vigilancia ilegal de políticos, periodistas y opositores, señalado como uno de los principales clientes de Hackig Team, empresa desarrolladora de este tipo de equipo. 

La ausencia de protección y respuesta del Estado es notable, sumado a que son servidores públicos quienes componen la mayor proporción de perpetradores, con 165 en comparación con 35 del crimen organizado o 34 de partidos políticos en 2015.

A nivel internacional el Gobierno presume de combatir las agresiones a periodistas a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, aunque arrojó escasos resultados positivos en seis años.

Entre los aspectos positivos se destaca que el 11 y el 30 de marzo fueron detenidos, Enrique Benjamín Solís Arzola, ex alcalde de Silao, en Guanajuato y Nicasio Aguirre Guerrero, ex jefe de la Policía de Silao, señalados como autores intelectuales de la agresión contra la periodista de El Heraldo, Karla Silva Guerrero, y su compañera Adriana Palacios, en las oficinas del periódico el 4 de septiembre de 2014.

Principales agresiones en este período:

El 25 de abril fue asesinado Francisco Pacheco Beltrán, corresponsal de Radio Capital en Taxco, Guerrero. Recibió dos tiros cuando regresaba a su domicilio de dejar a su hija en la escuela. Su principal actividad era su modesto portal Pacheco Digital donde denunciaba una agresión al hotel que hospedaba a la policía federal.

El 14 de mayo fue asesinado Manuel Torres, editor del sitio digital "Noticias MT", en Poza Rica, Veracruz. Recibió un balazo en la cabeza al llegar a su hogar.

El 19 de junio fue asesinado Elpidio Ramos Zárate, reportero de El Sur, Diario Independiente del Istmo, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El crimen ocurrió después de cubrir un desalojo de maestros, además había captado imágenes de saqueadores en comercios. Lo mataron a balazos hiriendo gravemente a otros acompañantes, entre ellos a Raúl Cano López, hermano del director del diario Hechos.

El 20 junio fue asesinada Zamira Esther Bautista, periodista independiente y maestra, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El 26 de junio fue asesinado Salvador Olmos García. Conducía el programa "Pitaya negra" en la radio comunitaria Tu un Ñuu Savi (palabra del pueblo de la lluvia), en Huajuapan, Oaxaca. Fue golpeado y atropellado por la policía local, después de denunciar hostigamiento por parte de vehículos sin placas que acosaban a la estación en la que colaboraba.

El 20 de julio fue asesinado Pedro Tamayo, colaborador de El Piñero de la Cuenca, en Tierra Blanca, Veracruz. Fue Asesinado de varios disparos por parte de dos atacantes. Tamayo recibía protección de seguridad pública por amenazas anteriores por documentar casos de violencia en su ciudad natal. 

El 14 de septiembre fue asesinado Aurelio Campos, director del semanario El Gráfico de la Sierra en Huauchinango, Puebla. Fue atacado a balazos cuando circulaba por la carretera rumbo a su ciudad. Colegas del periodista dijeron había recibido amenazas de muerte.

En otro orden, ha habido denuncias de que en algunos casos de desaparición de periodistas las fiscalías estatales y la propia Procuraduría General de la República se han negado a proporcionar a las víctimas los datos que han solicitado, tales son los casos del periodista Ramón Ángeles Zalpa, del periódico Cambio de Michoacán, desaparecido desde el 6 de abril de 2010 y el de Sergio Landa Rosado, del Diario Cardel de Veracruz, cuyo paradero se desconoce desde el 22 de enero de 2013.

Entre otras fallas identificadas en las investigaciones oficiales por la desaparición de periodistas se observa lentitud para poner en marcha los protocolos de búsqueda, falta de coordinación ente autoridades, apertura de averiguaciones repetidas por parte de la Procuraduría General y negativa a proporcionar información precisa.

La discrecionalidad en la distribución de la publicidad es un enemigo de la libertad de prensa en el país, lo que practican los gobiernos federal, estatal y municipal. 

A veces limitando el presupuesto a medios incómodos y desbordando apoyos a medios compinches con un excesivo crecimiento y derroche de recursos provenientes del estado como Grupo Mac de Toluca y Zócalo en Coahuila.

Los cambios legislativos electorales de 2007 y 2014 obligan a los concesionarios de radio y televisión donar tiempo aire para promoción electoral, tiempo que está administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y prohíbe la compra o venta de publicidad en radio o televisión para fines electorales por parte de partidos o ciudadanos. La ley también faculta al INE a sancionar opiniones emitidas por periodistas de radio y televisión.

El caso llegó a la Sala Especializada de la Tribuna Especializada del Poder Judicial Federal (TEPJF) con un fallo a favor de las televisoras y la investigación no procedió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también emitió un "Amicus Curiae" sobre el caso, a favor del derecho a la libertad de expresión de los periodistas.