México cuenta con un andamiaje muy robusto para la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Hay fiscalías, mecanismos de protección y leyes, sin embargo, en el caso de los periodistas, sólo se han condenado a dos personas de casi 100 crímenes cometidos contra informadores en la República Mexicana desde 2010, los cuales, parecen algo natural, pero son “una patología en una democracia”, indicó Catalina Botero, ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en conferencia de prensa.

Como lugares donde se producen gran cantidad de incidentes en contra de esos sectores, la experta en liberta de expresión y quien realiza una estancia académica en la Universidad Iberoamericana, señaló a Veracruz, la frontera norte, sobretodo Tamaulipas, Oaxaca, y en algunas ocasiones, la Ciudad de México, donde la violencia contra periodistas quienes cubren manifestaciones es muy alta.

Sobre las razones para que se cometan agresiones contra periodistas o defensores de derechos humanos, indicó que la primera es la impunidad prevaleciente alrededor de este tipo de crímenes; la segunda, la colusión entre autoridades y el crimen organizado y los actos de corrupción, y la tercera, la explotación de recursos naturales de manera clandestina (tala y minería) y su denuncia y /o visibilización de dicha situación.

Para la abogada, existen grandes retos en la materia como generar confianza en periodistas y defensores de derechos humanos para que recurran a las fiscalías y se ciñan a los protocolos; mejorar y hacerlos más “vigorosos”; resolver dificultades como que el botón de pánico que se da a las personas protegidas se descarga cada dos hora o que al teléfono al que se marca la persona quien contesta no está  vinculada con la fiscalía, y fortalecer los mecanismos, saber por qué no confían en los mecanismos, cómo están funcionando, pues de lo contrario, no se pueden mejorar.

Añadió que el asesinato, no es la única manera de ejercer violencia física contra los defensores o los periodistas, también lo es la tortura, pero hay otro tipo de violencias como el enjuiciamiento o entablamiento de procesos judiciales para amedrentar a fin de dejar de hacer investigaciones periodísticas, o que las autoridades acusen a las víctimas de tener vínculos con el narcotráfico con la finalidad de justificar las agresiones.

“México está en crisis de derechos humanos, es varios países en un país. Hay regiones donde hay disputas por un territorio, no hay ciudadanía ni estado democrático, y en otras,  discusiones muy avanzadas en diversos rubros en materia de derecho. Hay avances muy importantes como la reforma constitucional que reconoció a los derechos humanos  y una sociedad civil muy vigorosa. En cambio, en lugares como Veracruz hay situaciones que muestran esa crisis y rezagos en la materia donde no se respetan los derechos y se han documentado muchas violaciones a éstos”, argumentó.

A manera de conclusión, Botero señaló que “lo más lamentable es que hay muchas cosas de las que hay que enterarse pero nadie está documentado o se hace de manera independiente por la falta de apoyo”, pero sobre todo porque hay peligro para quien lo hace.