CDMX.- La Confederación Patronal de la República (Coparmex) criticó que mientras al sector privado se le impide la deducibilidad total de las prestaciones salariales, los trabajadores del sector público tienen incentivos “benévolos” sin restricciones y que no se gravan.

El costo de la no deducibilidad es equivalente a entre el 3% y 8% de la nómina y ello inhibe la contratación de trabajadores con prestaciones salariales superiores a la ley.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseveró: “Con esta medida queda claro que el Gobierno es bueno para exigir, pero no para poner la parte que le toca. Aquí se pasa la factura del excesivo gasto gubernamental, a los trabajadores y a las empresas”.

Agregó que los trabajadores operativos y sindicalizados son los que más sufren por el hecho de que sólo se permite deducir el 53% ó 47% de las prestaciones salariales, por lo que buscarán a los líderes de ese sector para luchar conjuntamente por que se modifique.

Los 7 mil contribuyentes que interpusieron una solicitud de amparo ahora tendrán que asumir el costo de la no deducibilidad.

Dijo que el Legislativo “debe enmendar el error” aunque implique disminución de ingresos públicos, ya que se puede pensar en ahorros en otras áreas.

“El Gobierno tiene que hacer un replanteamiento y entender la trascendencia de la medida y si en algún rubro tiene que deducir el gasto queda mucha grasa en el gobierno antes de llegar al hueso y que no se vayan por el camino fácil de pasar la factura a las empresas”, aseveró.

Las afectaciones para los trabajadores están en el otorgamiento de vales de despensa, fondos de ahorro, ayudas de comida, ropa, becas educativas, actividades deportivas, culturales, entre otras, dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de Coparmex, Pedro Higuera.

Agregó que el gobierno no topa las prestaciones salariales ni se gravan con Impuesto Sobre la Renta, mientras que en el sector privado sí.

Esta discusión tiene que ver con que el miércoles pasado la Suprema Corte desechó los amparos del sector privado que pedían regresar al esquema de deducibilidad total de las prestaciones salariales, como ocurría en el 2013.