El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó hoy de "inaceptable" que dos años después de que 22 civiles murieran supuestamente a manos de militares en lo que se conoce como el caso de Tlatlaya, no haya ninguna imputación.

"Estamos muy preocupados de que casi dos años después de que se cometieran violaciones muy serias a los derechos humanos en Tlatlaya, incluyendo la supuesta ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso continua en la impunidad y se les niega a la víctimas el derecho a la verdad y a la justicia", indicó en una rueda de prensa la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdashani.

"Que pasados dos años desde los hechos no haya nadie imputado es inaceptable", agregó.

Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de Tlatlaya, en el central Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares.

Dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de 7 militares.

Sin embargo, un juez ordenó en octubre pasado liberar a cuatro de los militares implicados en la matanza tras considerar que la fiscalía no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados.

El pasado 14 de mayo, un juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Fiscalía General y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados.

"Durante su visita a México en octubre del año pasado, el alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, dijo que el caso de Tlatlaya sería vigilado de cerca como un test del compromiso de las autoridades de luchar contra la impunidad tras la decisión de que los militares sean juzgados por cortes civiles en casos civiles", sostuvo la portavoz.

Shamdasani dijo que son conscientes de que la Fiscalía mexicana ha afirmado que seguirá intentando reunir y presentar nuevas pruebas para evitar la impunidad pero, a pesar de ello, pidió a las autoridades gubernamentales una investigación independiente e imparcial sobre el caso.

Asimismo, pidieron a las autoridades fiscales y judiciales que cumplan con los más altos estándares internacionales sobre derechos humanos durante sus investigaciones.

"Las investigaciones deben extenderse para que puedan examinar a todos aquellos responsables, incluyendo altos mandos militares que puedan tener responsabilidades de comando, y aquellos que hayan modificado o mandado modificar la escena del crimen", solicitó.

Además, la entidad pidió a las autoridades que investiguen las alegaciones sobre detenciones arbitrarias y torturas a testigos.

Finalmente, el Alto Comisionado urgió a México a crear una institución forense nacional y autónoma para investigar éste y otros casos emblemáticos de violación de los derechos humanos.