Por Juan Luis García Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.– La corrupción es uno de los problemas más importantes de México: la Nación perdió por esta causa el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Y ahora, grupos civiles que forman parte de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el Senado sostienen que el caso de los llamados Panama Papers es un llamado de atención para saber con claridad qué hace falta y comenzar su combate.

La investigación periodística más ambiciosa de la historia que coordinó más de 376 periodistas de 76 países distintos, relacionada con inversiones de importantes personajes en paraísos fiscales y empresas off shore, también repercutió en México. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció investigaciones a 33 empresas y personas físicas, de los cuales no ha dado a conocer los nombres.

Max Kaiser, director Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, destaca que no es la primera vez que los señalamientos tienen que venir de afuera en México, pero tampoco se cambiará la tendencia si el SNA, que actualmente se discute en el Senado, no lo resuelve.

Kaiser habló con SinEmbargo sobre las carencias del Estado en la materia y la necesidad de cerrar la opacidad con la que se manejan los funcionarios públicos.

“Lo que estamos atendiendo aquí es la urgencia de que las autoridades se adelanten en estos casos. Que sean ellas las que descubran, por ejemplo, que hay servidores públicos que tienen dinero escondido en paraísos fiscales. Lo que queremos es que no sólo se verifique su patrimonio formal de los funcionarios públicos sino su modo de vida. Creo que una de las cosas más importantes que surgen de los Panama Papers es que nos damos cuenta que los servidores públicos en otros lados del mundo no declaran como patrimonio formal todo lo que tienen”, dijo.

Dentro de los sospechosos de haberse aprovechado de paraísos fiscales con fines de evasión fiscal se encuentra Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño del Grupo Higa, quien fue investigado previamente tras un escándalo de conflicto de interés, en el que se le señaló de favorecer al Presidente Enrique Peña Nieto con una casa, llamada ‘Casa Blanca’, también, por una revelación periodística.

Nueve meses después de las revelaciones de la “casa blanca” –que involucran al Presidente Enrique Peña Nieto; a su esposa, Angélica Rivera Hurtado, y a su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso– los asesores de Hinojosa Cantú diseñaron fideicomisos offshore y empresas fantasma para proteger su riqueza lejos de México.

Asimismo, la investigación también se dirigió a ex funcionarios públicos de alto nivel, como Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto hasta febrero pasado.

—¿Cómo debe ser vista la investigación de los Panama Papers durante este proceso de disucisión sobre el sistema de corrupción en México?

—Me parece que está investigación periodística, que es seguramente la más grande en la historia moderna de la humanidad, tiene que llamarnos la atención. Es decir, tenemos la obligación de tomarla como una llamada de atención. En todo el mundo ha habido renuncias: de funcionarios públicos, de primeros ministros, de ejecutivos de empresas… se han anunciado ya investigaciones muy importantes en todo el mundo, y en México sólo tuvimos la respuesta del SAT que dice: “investigaré a las empresas que tienen algo qué ver”.

— ¿Qué es lo que no funciona ahora?

—Hoy con las autoridades que tenemos, salvo las autoridades financieras, el SAT o la unidad de inteligencia financiera, el resto del sistema no está preparado para saber dónde servidores públicos tienen sus recursos. Ellos hacen su declaración patrimonial en un sistema que no está conectado a ningún lado, es simplemente una base de datos y su declaración de intereses también.

—¿Esos registros pueden derivar en indagaciones?

–Esas bases de datos, no tiene la capacidad de adelantarse a un escándalo como estos. Si un servidor público tiene su dinero en un paraíso fiscal, no lo vamos a saber nunca hasta que no lo truene alguien a través de un escándalo. Si hoy tenemos a servidores públicos que pueden estar en los Panama Papers, no vamos a conocer sus nombres hasta que estén metidos en un escándalo.

—¿Cómo debe funcionar el Estado para evitar que los paraísos fiscales se usen de mala manera, como la evasión de impuestos?

–Tenemos que armar un nuevo diseño del Estado que tenga la facultad de hacer dos cosas, que se hacen en las democracias desarrolladas: controlar y vigilar. Creo que es muy importante que tenemos en cuenta el tema de los paraísos fiscales, y la utilización de recursos públicos y privados para fines personales. Parece que en México lo que pasa siempre es que nos esperamos a que alguien más en otro lado del mundo descubra los casos importantes, que alguien más descubra que hay temas que atender en México.

—¿Cuál es la propuesta de la ciudadanía en estas sesiones de trabajo?

—Lo que pedimos en la plataforma 3 de 3, es que el servidor público haga su declaración patrimonial y de intereses, pero que esa plataforma este conectada al SAT, al sistema financiero, a los registros públicos de propiedad, de comercio, a una serie de sistemas que permitan verificar que lo que declaró el servidor público es efectivamente cierto.

—¿Cómo debería funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)?

—Lo que estamos atendiendo aquí son autoridades que se adelanten en estos casos. Que sean ellos lo que descubran, por ejemplo, que hay servidores públicos que tienen dinero escondido en paraísos fiscales. Lo que queremos es que no sólo se verifique su patrimonio formal de los funcionarios públicos, sino su modo de día. Creo que una de las cosas más importantes que surgen de los Panama Papers es que nos damos cuenta que los servidores públicos en otros lados del mundo no declaran como patrimonio formal todo lo que tienen.

—¿Ha visto compromiso de parte de los Senadores?

–No es lo mismo decir no a la corrupción, a decir concretamente cómo. Ahí es donde vamos a saber si de verdad hay un compromiso del Senado. Cómo le hacemos, para que un sistema controle no sólo lo que el servidor público tiene formalmente, pero que también haga saber si un servidor público con un salario de 80 mil pesos, tiene una vida en la que gasta 300 mil 400 mil pesos, de acuerdo con información del SAT u otros sistemas.

—¿Ve diferencias entre la fiscalización que se hace a los funcionarios y a los ciudadanos?

—Hoy el SAT sabe si tú te vas de viaje, en donde te sentaste, cuánto te costó tu boleto de avión, a dónde viajaste, cuántas maletas, por qué no lo mismo para los servidores públicos. Lo que queremos es un sistema que todo el tiempo este vigilando de manera permanente la vida que llevan los servidores públicos. Y así nos evitamos encontrar a servidores en escándalos como los Panama Papers.