México, DF. Tres advertencias se hicieron al entonces gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz: la primera vino de la Sección Segunda de la Séptima Zona Militar, la segunda por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la tercera de organizaciones de derechos humanos.

Ninguna bastó para que el otrora gobernador llevará a cabo la organización del Penal del Topo Chico donde desde hace bastantes años gobiernan Los Zetas, quienes extorsionabas a los familiares de los reos para evitar el asesinato o los golpes en contra de los internos.

Los militares informaron a Medina que gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, los Zetas obtenían hasta 15 millones mensuales por el cobro de cuota o la venta de drogas, así como negocios colaterales, mismos que financiaban la guerra del narco en la entidad.

La UANL publicó el libro "Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI" donde se documentaba la tragedia de los familiares de reos en los penales nuevoleonenses.

Como si esto no fuera suficiente, las organizaciones advirtieron que las cárceles se estaban volviendo una bomba de tiempo por la coexistencia de reos del crimen organizado y los detenidos por delitos comunes.

Los militares incluso fueron más específicos: cinco millones de los ingresos de Los Zetas en Topo Chico iban a parar a los bolsillos de custodios, jefes de guardia comisarios o los directivos del centro de reclusión, además se presuponía que uno de los beneficiarios era la oficina de la Secretaría de Seguridad Pública.

Crónica de Topo Chico

El penal de Topo Chico albergaba a más de 3,900 reclusos, pese a que su capacidad máxima estaba destinada para 2,500 presidiarios.

La Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) documenta que prisiones como Topo Chico tenían un autogobierno encabezado por Los Zetas: por la colusión de las autoridades penitenciarias y el déficit de custodios, pues cada guardia debe vigilar a por lo menos 100 prisioneros.

La directora de Cadhac, Consuelo Morales, sabe que los narcos controlan todo: desde la venta de drogas hasta la comida, los espacios para dormir o el agua, de hecho cada nuevo interno debe pagar 1,500 pesos semanales o 50 mil mensuales para evitar ser víctima de la violencia en el penal.

Con la llegada del nuevo gobernador, Jaime 'El Bronco' Rodríguez, éste solicitó al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, el traslado de reos del fuero federal a cárceles federales, lo cual se acordó en papel, pero únicamente se retomó con la masacre de 49 reos en Topo Chico que aconteció la semana pasada.

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Uno de los presos que iba a ser trasladado era Jorge Iván Hernández Cantú, 'El Credo', quien controlaba el penal, aunque fue advertido por fuentes policiacas y se amparó para evitar su traslado.

Juan Pedro Saldívar, 'El Z-27', arribó a Topo Chico por un amparo promovido por un juez corrupto que lo sacó del Cereso de Matamoros, pese a que ambos eran Zetas en pugna por el control del penal, custodiados por 20 reos escolta y habitando en lujosas celdas.

Entre los beneficios que gozaban, se encontraba la visita de mujeres de programas nocturnos de la televisión local, aunque igual deseaban a las esposas, hermanas o hijas de internos, quienes para ayudarse, acudían al penal sin maquillaje, con ropa sucia y desaliñadas.

¿Qué pasó en Topo Chico?

La noche del miércoles 10 de febrero alrededor de las 23 horas, el grupo de 'El Z-27' empezó la purga contra sus rivales, mientras 'El Credo' disfrutaba de su visita conyugal.

Los seguidores del capo circulaban en total libertad en la cárcel y sacaron de los ambulatorios C2 y C3 a los internos para llevarlos al patio, donde los asesinaron a golpes.

El grupo de 'El Credo' empezó la defensa; de acuerdo con familiares de internos, la riña provocó un incendio en la cocina, la bodega de víveres y otros puntos del penal, mientras cinco reos eran golpeados y calcinados sobre colchones.

La riña se extendió 40 minutos y poco antes de la medianoche, se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública, el motín al interior del penal. Al arribar el general Antúnez, titular de dicha dependencia, halló a decenas de muertos y a 50 heridos, una decena de ellos con heridas graves que ameritaron su traslado a un hospital.

Con información de Proceso