Emilio Zebadúa, brazo derecho de Rosario Robles, le entregó 190 millones de pesos a sus hermanos presuntamente de la arcas de Sedesol y Sedatu para gastarlos en apuestas y envíos al extranjero; y él mismo gastó 14 millones de pesos sólo con una tarjeta de crédito American Express.

Este exfuncionario busca ahora el perdón legal prometiendo a la FGR entregar información para inculpar a su exjefa, Rosario Robles, y al presidente Enrique Peña Nieto en La Estafa Maestra.

Desde 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR por probable lavado de dinero presuntamente cometido por Emilio Zebadúa y sus hermanos José Ramón Zebadúa y Lourdes Zebadúa, por los 205 millones de pesos que gastaron.

Dicho monto no corresponde con los ingresos de ninguno de los tres, lo que “hace probable que Emilio Zebadúa percibiera diversas cantidades de efectivo por la comisión de actos de corrupción, pues ninguna otra justificación se encuentra en la conducta de un servidor público”, advierte la denuncia de la UIF obtenida por Animal Político.

Emilio Zebadúa es una pieza clave en La Estafa Maestra. Fue el oficial mayor de la Sedesol y la Sedatu, cuando Rosario Robles era titular, es decir, el segundo puesto más importante de las dependencias, encargado de la administración y aplicación de los recursos públicos.

La Oficialía Mayor es un área indispensable para que los recursos sean ejecutados. En el caso de La Estafa Maestra, para que 11 dependencias de gobierno –incluyendo Sedesol– entregaran más de 7 mil millones de pesos a través de convenios con universidades públicas para hacer supuestos servicios entre 2013 y 2014. Pero las instituciones a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma y, por lo tanto el dinero público desapareció.

Desvío en periodo electoral

La Unidad de Inteligencia Financiera revisó dos cuentas bancarias de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) en las que Emilio Zebadúa era el apoderado y detectó movimientos “inusuales” por 16 millones 385 mil pesos enviados a cuatro cuentas bancarias de personas que no tenían ningún tipo de relación con la dependencia.

En todos los casos, las cuentas bancarias fueron abiertas el mismo día en que recibieron los recursos públicos e inmediatamente el dinero era transferido a otras cuentas o retirado en efectivo.

Por ejemplo, entre el 14 de junio y el 19 de julio de 2018, la Sedatu envió 6 millones 797 mil pesos a la cuenta de una persona, abierta en Bancomer el 14 de junio. Una vez que recibió los recursos, los transfirió a una persona física y una moral y dejó la cuenta sin saldo, por lo que “hace inusual que una dependencia de Estado opere recursos con personas cuya actividad financiera es irregular”.

En otro caso, el monto depositado ascendió a 8 millones de pesos y fue retirado en 111 movimientos. En un caso más, los retiros ocurrieron en ventanilla bancaria y depósitos a personas físicas. Esto significa un desvío de recursos públicos, pues éstos no se ejercieron en lo que originalmente estaba presupuestado.

Los recursos provenientes de la Sedatu fueron entregados a través de este mecanismo los días 13, 14 y 15 de junio de 2018 “a escasos meses del cambio de administración federal e incluso en plena campaña electoral”, dice la Unidad de Inteligencia Financiera.

De ahí que la UIF, a cargo de Santiago Nieto, advierte que dicha estrategia fue “posiblemente encabezada por Emilio Zebadúa, quien era apoderado legal de las cuentas bancarias y a quien le correspondía además la vigilancia y correcta aplicación del presupuesto”.

“Probablemente implicó que el patrimonio de la Secretaría fuese desviado a través del actuar de Emilio Zebadúa”, dice la denuncia penal interpuesta por la UIF obtenida por Animal Político.

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