Los crímenes cometidos por el narcotraficante Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera quedaron impunesen México.

Por lo menos diez procesos penalesquedaron abiertos en Juzgados federales de siete estados sin que se dictara sentencia. Debido a la extradición del ex líder del Cártel de Sinaloa, los procedimientos se encuentran suspendidos y muy probablemente con el paso de los años serán prescritos.

La debilidad institucional mexicana, incapaz de retener en prisión a tan peligroso personaje –fugado en dos ocasiones– y la presión del Gobierno norteamericano determinaron la procedencia de la extradición el 20 de mayo de 2016, aunque la entrega se materializó hasta el 19 de enero de 2017, luego que perdiera el recurso de revisión en un par de amparos.

El que se hubiese quedado en México hasta agotar las causas penales que existen en su contra no garantizaría el pleno ejercicio de la justicia, pues antes, en su primera etapa de detención entre 1993 y su primera fuga en 2001, Guzmán había enfrentado 19 procesos y sólo en tres de ellos fue condenado.

Cuando “El Chapo” se escapó el 19 de enero de hace 18 años del penal de Puente Grande, Jalisco, sumaba una pena de veinte años nueve meses de prisión por tres asuntos: uno de cohecho (siete años de condena), otro por asociación delictuosa (seis años) y el último por cohecho y asociación delictuosa (siete años nueve meses). De no haberse evadido, habría compurgado sus sentencias el 7 de marzo de 2014.

Precisamente a partir de la fuga del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 2 Occidente en El Salto, Jalisco, empezó una nueva cuenta de procesos mientras se hallaba prófugo y, para cuando fue recapturado el 22 de febrero de 2014, ya le aguardaba una orden de aprehensión por cohecho y delincuencia organizada, delitos derivados de la escapatoria del establecimiento carcelario que el imputado corrompió a placer.

Además de esa causa penal radicada en Ciudad de México, le surgieron nuevas órdenes de captura y consignaciones en otras nueve averiguaciones judiciales en los estados de México, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, donde existen reclusorios administrados por el Gobierno Federal, así como en Baja California Sur, donde el afamado criminal pudo zafarse de autoridades que estuvieron a punto de detenerle en 2012.

En tanto fue sentenciado en la Unión Americana, a una probable cadena perpetua por diez cargos (en Nueva York), la travesía por tribunales estadounidenses no ha terminado para Joaquín Guzmán, a quien habrán de juzgar en Cortes de Distrito de California, Texas, Illinois, New Hampshire y Florida, donde podría recibir nuevas penas vitalicias.

La gran pregunta que se formulan tanto fiscales como autoridades judiciales y administrativas de Estados Unidos es: ¿Dónde está la supuesta gran fortuna del narcotraficante que la revista Forbes estimó hace algunos años en mil millones de dólares? Nadie lo sabe todavía, pues en México son pocos los bienes asegurados al reputado traficante.

LOS PROCESOS EN MÉXICO

Luego de su detención en Mazatlán, Sinaloa la madrugada del 22 de febrero de 2014 y su internamiento en el penal federal Altiplano en el Estado de México, a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera le dictaron autos de formal prisión en diez causas penales entre los días finales de ese mes y el siguiente. Desde delitos de cohecho, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, hasta por delincuencia organizada o aterrizaje clandestino de aeronaves.

El primerísimo de los asuntos fue el relacionado con su fuga de Puente Grande. En el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el entonces Distrito Federal, le fue cumplimentada la orden de aprehensión en la causa penal 16/2001 por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de cohecho y delincuencia organizada (con fines de cometer delitos contra la salud). Formal prisión el 8 de marzo de 2014.

En este caso se denunció el sistema de corrupción que el capo implementó para cooptar al personal del Cefereso Número 2 que estaba a su servicio y el de otros miembros del crimen organizado, lo que derivó en su escapatoria oculto dentro de un carrito de lavandería que fue empujado por el empleado de mantenimiento Francisco Javier Camberos Rivera “El Chito”, a la postre condenado a 25 años de prisión.

La segunda causa penal contra “El Chapo” naturalmente fue la emanada de su recaptura en el condominio Miramar de Mazatlán en 2014. El 10 de marzo de ese año, el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa decretó auto de formal prisión contra el traficante por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército (causa penal 10/2014). En la habitación donde dormían Guzmán, su esposa e hijas, había armamento de grueso calibre.

Un tercer proceso, el 50/2009 del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, atribuye al líder del Cártel de Sinaloa ilícitos que presuntamente cometió en Tijuana y Valle de Mexicali, al haber infiltrado a la Procuraduría General de Justicia de la entidad fronteriza entre los años 2006 y 2009. Por ello, el 25 de febrero de 2014 le fue dictada la formal prisión por delincuencia organizada. En cambio le fue otorgada la libertad por falta de elementos para procesar por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína.

Las acusaciones contra Guzmán surgieron después de la detención de tres ex agentes de la Policía Ministerial de Baja California, quienes confesaron que pertenecían a una célula de la organización del Pacífico en la que estaban involucrados tanto policías en activo como ex policías de Tijuana, Mexicali y estatales en la protección de actividades de Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada García. Un caso muy difundido por ZETA en 2009.

En un cuarto juicio, el 29/2014 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz, se encausó al narcotraficante sinaloense por delitos realizados con la aeronáutica, en las modalidades de realizar vuelos clandestinos y proporcionar los medios para facilitar el aterrizaje o despegue de aeronaves en vuelo clandestino. El auto de bien preso se dictó el 19 de junio de 2014.

Este caso fue muy conocido porque en febrero de 2012, en pleno desarrollo de la cumbre del G-20 en Los Cabos, Joaquín Archivaldo fue ubicado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Cuando la Policía Federal y la Marina realizaron un operativo para detenerlo en el exclusivo fraccionamiento en el que se ocultaba, el personaje ya se había escapado a bordo de una avioneta Cessna 206 y que empleaba como centro de operaciones un arroyo en las inmediaciones de un conocido hotel club de golf.

La quinta causa penal, 84/2010, en el Juzgado Sexto de Distrito en materia de Procesos Penales en el Estado de México, dejó formalmente preso a Guzmán por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud el 22 de mayo de 2014.

En esa misma entidad, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, decretó auto de formal prisión al hombre originario de La Tuna, Sinaloa, dentro de la causa penal 135/2001-II, por asociación delictuosa y delitos contra la salud en diversas modalidades. Fue el sexto expediente.

En el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit se llevaba a cabo el (séptimo) proceso penal 206/2010 por delincuencia organizada. La resolución del término constitucional se dictó el 4 de marzo de 2014.

Un día después, en la causa penal 364/2012, el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, tenía a su disposición al imputado y le iniciaba el periodo de instrucción por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de semillas de marihuana y amapola con fines de siembra, cultivo y cosecha. Se le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesarle por delincuencia organizada. Agricultores de Sinaloa señalaron a “El Chapo” como la persona que les ordenó dedicarse al cultivo de enervantes.

Noveno juicio: el 5 de marzo, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, dentro de la causa penal 50/2011, dictó formal prisión contra Joaquín por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Por último, en el Juzgado Primero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales de la misma entidad, causa Penal 175/2011, se sujetó a la justicia al ya mencionado por delincuencia organizada.

LOS PENDIENTES EN EU

Como se anticipó, el calvario para el traficante de drogas ilícitas, jamás condenado en México como “narcotraficante”, aún no termina en Estados Unidos. Le esperan órdenes de aprehensión, futuros procesos en cortes de Distrito de California, Texas, Illinois, New Hampshire y Florida por asociación delictuosa, distribución de cocaína y marihuana, lavado de dinero, homicidio y liderar una organización criminal. Sin duda los casos más conocidos son los dos primeramente citados.

El más añejo de los cargos en contra de “El Chapo” Guzmán se encuentra en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, donde el 4 de agosto de 1995 se dictó el mandamiento para aprehenderle, aunque ya se hallaba preso en México desde 1993. Pretenden enjuiciarlo por asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína. La orden sigue vigente.

Los hechos que se le atribuyen, consisten en que “de una investigación sobre el tráfico de droga en el Sur de California y otros lugares de Estados Unidos de América, se determinó que el reclamado era el líder de una organización internacional de narcotráfico responsable de importar y distribuir toneladas de cocaína en los Estados Unidos; como líder de la organización tenía el control final y la autoridad para tomar decisiones sobre todas las operaciones y actividades de contrabando de droga de la organización”.

En su momento se dijo que el grupo criminal importaba cocaína a ese país con fines de distribución usando diversos métodos, entre éstos, aeroplanos, camionetas, tracto-tráileres, camionetas tipo van, automóviles y pipas; además, construyeron túneles para contrabandear la droga por debajo de la frontera, entre ambas naciones.

El 21 de abril de 1993, oficiales de Tecate, Baja California aseguraron un tráiler con mil 400 latas de supuestos chiles jalapeños con la leyenda La Comadre, que en realidad contenían 7.3 toneladas de cocaína. En junio de ese año, oficiales mexicanos descubrieron un túnel con extensión de mil 400 pies por debajo de las fronteras entre México y los Estados Unidos para el trasiego de drogas.

Otro asunto está en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, en la ciudad de El Paso, donde se dictó orden de captura contra el mexicano el 13 de abril de 2012 para que sea llevado ante la justicia y ser procesado por doce cargos, entre éstos, asociación delictuosa para dirigir los asuntos de una empresa a través del patrón de actividades de la delincuencia organizada; asociación delictuosa para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y mil kilogramos o más de marihuana; y asociación delictuosa para importar las mismas cantidades del estupefaciente.

Los demás cargos son de asociación delictuosa para cometer unos delitos en materia de lavado de dinero; asociación delictuosa para poseer unas armas de fuego con el fin de fomentar unos delitos en materia de narcotráfico; homicidio al momento de involucrarse en una empresa criminal continua y delitos contra la salud; y por involucrarse en una empresa criminal continua para fomentar el tráfico de droga.

En resumen de los hechos, autoridades texanas señalan que desde aproximadamente octubre de 2007, las autoridades policiales iniciaron una investigación sobre las actividades criminales del Cartel de Sinaloa y sus líderes, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas de fuego, violencia y otros delitos. La investigación reveló que aproximadamente entre los años 2000 y 2012, “El Chapo” y los colíderes de Sinaloa fueron responsables de dirigir y supervisar las actividades delictivas de la organización.

Presuntamente miembros del conglomerado criminal, entre ellos Guzmán, hicieron arreglos para la importación de grandes cantidades de cocaína y de marihuana hacia Estados Unidos a través de varias rutas de tráfico de drogas, incluyendo los puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, y las millas de desierto abierto a lo largo del Valle de Juárez; también dirigían y ayudaban a la distribución de la marihuana y cocaína en Texas y otros lugares del país vecino.

Las acusaciones contra Joaquín Archivaldo por las que existen órdenes de aprehensión en Illinois, New Hampshire y Florida son diversas, destacando las imputaciones de las autoridades de procuración de justicia en Chicago, que decomisaron alrededor de 390 kilogramos de cocaína proveniente del Cártel de Sinaloa dentro de un enorme calentador.

¿Y LOS BIENES DEL CAPO?

Otro de los aspectos pendientes de justicia tanto en México como en Estados Unidos, es dar con la ubicación de la presunta gran fortuna del narcotraficante mexicano que a la fecha no pasa de unas cuantas residencias, vehículos, joyas y teléfonos celulares bienes que están registrados a nombres de testaferros.

De las pocas propiedades que se estima son objeto o materia de delito están los inmuebles y automotores asegurados tras la recaptura de Joaquín Guzmán en Sinaloa en 2014. Aquellas casas que conectaban con el drenaje profundo de la ciudad de Culiacán y que fueron utilizadas como ruta de escape del entonces prófugo, que incluso logró llegar a Mazatlán a través de los apoyos de su red criminal.

Esas residencias, cuya propiedad no está del todo acreditada a “El Chapo” tienen un valor comercial conjunto superior a 60 millones de pesos, pero no representan la fortuna que se ha dicho que el capo posee, según lo publicado hace más de seis años por la revista Forbes y por versiones de analistas extranjeros. Tampoco se han localizado cuentas bancarias ni cantidades por montos relevantes de dinero en los domicilios cateados ni en el extranjero.

Entre las propiedades aseguradas a Guzmán y sus socios, se cuentan más de una decena de inmuebles, entre residencias, lotes, ranchos y comercios en los estados de Sinaloa y Durango, además de automotores, aeronaves, alhajas, relojes, aparatos de telefonía celular y equipos de radiocomunicación. Todo se encuentra a resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Hasta el día de hoy, los inmuebles continúan asegurados precautoriamente y pocas personas se acercaron a las autoridades para preguntar por el destino de las fincas, que por cierto, no han sido sometidas al procedimiento de extinción de dominio que –se supone– debe ejercitarse como lo faculta la Constitución.

Las fincas son las siguientes:

– Calle Constituyente Enrique Colunga número 1825, entre calles Froylán C. Manjarrez y Luis Manuel Rojas, Colonia La Libertad de Culiacán, Sinaloa

– Calle Constituyente Emiliano García número 1811, entre Constituyente Ciro Ceballos y Constituyente Joaquín Berlanga, Colonia Libertad de Culiacán, Sinaloa

– Calle Río Humaya número 137, entre Avenida Domingo Rubí y Calle Manuel Bonilla, Colonia Guadalupe de Culiacán, Sinaloa

– Calle Javier Mina número 1126, junto a las casas número 1118 y 1132, Fraccionamiento Los Pinos de Culiacán, Sinaloa

– Calle Puerto de Veracruz número 1647, entre Bahía de Ohuira y Puerto Marqués, Colonia Vallado Nuevo de Culiacán, Sinaloa

– Calle Cerro de las Siete Gotas número 642, Colonia Antonio Rosales y/o Colinas de San Miguel de Culiacán, Sinaloa.

En algunos casos, las autoridades federales ya dieron uso positivo a las propiedades incautadas, como sucedió con la finca de la calle Río Humaya en la colonia Guadalupe, cedida en comodato a una asociación dedicada a la atención de niños con cáncer y que brinda atención médica, servicio de alimentación, hospedaje y transporte a pequeños de muy escasos recursos económicos en Sinaloa.

En cuanto a los vehículos automotores afectos a las indagatorias por la aprehensión del jefe del Cártel de Sinaloa, sus lugartenientes y sicarios, se mencionan entre otros, los siguientes:

– Dodge Ram modelo 2013 color rojo, placas UC-83 672 del Estado de Sinaloa

– Pick-up Nissan 2008, color gris con blanco, placas UC-76-716 del Estado de Sinaloa

– Van Volkswagen 2013 color gris, placas VNK-93-87 del Estado de Sinaloa

– Volkswagen Jetta 2003 color gris, placas VMJ-92-27 del Estado de Sinaloa

– Nissan Frontier 2004 con carrocería en color arena, placas TZ-73-468 del Estado de Sinaloa

– Mercedes Benz C280, modelo 2009, color negro, placas VMX-97-73 del Estado de Sinaloa

– Chevrolet Cheyenne 2012, color plata, placas UC 74439 del Estado de Sinaloa

– Camioneta Chevrolet Captiva Sport 2013, color blanco y cuatro puertas, placas VMY-1584 del Estado de Sinaloa

– Jeep Línea Wangler Sahara 2013, color blanco y dos puertas, placas VNK2087 del Estado de Sinaloa

– Chevrolet Malibu 2011, color blanco, cuatro puertas, placas VNA 4038 del Estado de Sinaloa

– Jeep Cherokee Overland 2006, color gris plata, cuatro puertas, placas VKP-2584 del Estado de Sinaloa.

También se encuentran aseguradas otras unidades de la marca Mercedes Benz, blindadas y de lujo, así como celulares BlackBerry que utilizaban los esbirros de la organización criminal y los incautados en el condominio Miramar de Mazatlán, donde además fueron localizados equipos de cómputo Hewlett Packard y tres costosos relojes:

– Harry Winston Número 272

– Jeagger Lecoultre 1000-Master Grand Tourbillon-Hours

– Moon Dust-Dna Roman Jerome.

El capo mexicano espera la sentencia que se dictará el 25 de junio en la Corte de Distrito de Nueva York con sede en Brooklyn, que podría ser la cadena perpetua, adicional a una millonaria multa. Mientras los casos pendientes que lo involucran en la comisión de delitos, seguirán en México y en Estados Unidos.