Ciudad de México – La declaración y pago de impuestos es un infierno para el ciudadano. Desconocimiento, confusión, tener que dar una comisión a los contadores, recibir correos electrónicos cada semana que “invitan” a cumplir con las obligaciones fiscales, llamadas telefónicas, citatorios, recargos, multas… Los 53 millones 585 mil 310 contribuyentes inscritos en el padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de su salario o ganancia, están cargando con la mayoría de los ingresos del Gobierno federal, y una rebanada de ellos se va a los sueldos millonarios de los funcionarios públicos y a las pensiones de los ex Presidentes.

Mientras tanto, conforme SinEmbargo lo ha documentado en su serie #PapelesDeSHCP, a otras grandes compañías con millonarias utilidades se les perdona todo ese viacrucis, incluido el pago por miles de millones de pesos en impuestos y las multas que se generan por no cumplir sus obligaciones fiscales.

“Tienes que pagar impuestos hasta por respirar: el IVA y el ISR”, contó Minerva, una trabajadora que cobra por honorarios. Además, como la página del SAT no tiene nada de “amigable”, dijo, prácticamente obligan a contratar a un contador. “El sueldo se va a la chingada”, declaró.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que para el próximo año el 54.7 por ciento de sus ingresos vendrán de tres impuestos: el 29.3 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR); el 16.4 por ciento por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el 5.9 por ciento por el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS).

Hasta julio de este año, más de 53 millones contribuyeron con el pago del ISR [el cual incluye sueldos, salarios, honorarios o ganancias que perciben los individuos o empresas como remuneración por su trabajo, así como sus propiedades] y del IVA [un impuesto al consumo que tiene ciertas exenciones]. La mayoría son personas físicas y asalariados.

Durante el primer semestre, Hacienda recibió 1 billón 625.9 mil millones de pesos de ingresos tributarios, un 12 por ciento más que en el mismo periodo de 2015. En ese periodo, el ISR representó el 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta en los  últimos 25 años; además, el IVA significó el 3.9 por ciento del PIB, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Carolina, una productora audiovisual, también cobra sus servicios en la modalidad de honorarios. Está obligada a declarar cada mes sus ingresos y gastos para determinar su tarifa de impuesto. En agosto pasado obtuvo 8 mil pesos por un proyecto, pero al final se quedó con 6 mil pesos porque le quitaron el 16 por ciento por el IVA, el 10 por ciento por el ISR y otro 10 por ciento por otro tipo de IVA.

Con esta modalidad, el trabajador tiene derecho a deducir impuestos por los gastos que hace para realizar su trabajo, como transporte y papelería, pero no sabe cómo hacerlo. Carolina no ha contratado a un contador, aseguró, porque le cobraría el 10 por ciento de sus ganancias al mes.

LA PRESIÓN DEL SAT 

Dada la importancia de los impuestos en los ingresos del Gobierno federal, el SAT no perdona… no, al menos, a los ciudadanos comunes. La presión comienza con un correo y termina con una sanción por delito de defraudación fiscal.

“Recibo mails que dicen que debo cubrir mis obligaciones fiscales. Y yo, bueno, huyo cuando los leo. Me llaman, pero les cuelgo”, contó Carolina.

Sin embargo, pagarlos no es fácil, mucho menos para quienes comienzan a trabajar. Fuera de aquellos que reciben retenciones automáticas de sus salarios, en general “el sistema es complejo” y se requiere de la asesoría o ayuda de un especialista para calcular el pago de impuestos, lo cual eleva los costos (tiempo y dinero) de pagar impuestos y todo eso se convierte en “un estímulo para ingresar a la economía informal”, expuso el informe “Los impuestos en México, ¿quién los paga y cómo?”, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Minerva criticó que la página del SAT “está en chino”. Ella ha contratado a cuatro contadores.

“Si declaras mal o en donde no era, te chingan. Si estás gastando de más te investigan, porque puede que estés mintiendo sobre tus ingresos”.

“No entiendo nada de declaraciones”, confesó. “Les debo como 2 mil pesos y no se los pienso pagar. Ya hasta me mandaron citatorio a mi casa. Dejé de declarar después de que terminé los trabajos del año pasado y todas las semanas me llegan sus correos, esos, los de ‘Se le invita a cumplir con sus obligaciones fiscales'”. El  SAT le está requiriendo las declaraciones mensuales que le faltan y la declaración anual porque quedaron volando sus ingresos del año pasado.
“Ahora tengo problemas porque me salieron otros trabajos freelance, pero hay que volver a facturar y hasta que no me ponga al corriente no me pueden pagar”, dijo.

Las personas que ganan por honorarios, tienen ingresos por otra actividad económica o su sueldo rebasa los 400 mil pesos anuales están obligadas a realizar su declaración anual. A través de este proceso, pueden deducir  gastos médicos, hospitalarios, pago de lentes graduados, colegiaturas de escuelas privadas o gastos funerarios siempre y cuando el total de la deducción no rebase el 10 por ciento de sus ingresos.

El artículo 31 constitucional expone que todo ciudadano está obligado a contribuir con el pago de impuestos.

Si un contribuyente se atrasa con el pago de sus impuestos, cuya tasa depende de sus ingresos y gastos, se hace acreedor a un recargo. Si en determinado plazo se sigue sin cumplir con las obligaciones fiscales, la persona recibe multas que van de los 3 mil a los 30 mil pesos por omitir el pago total o parcial de sus impuestos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.

El peor de los escenarios es el delito por defraudación fiscal porque las sanciones no son económicas: implica el embargo de bienes o prisión de tres meses a nueve años dependiendo el monto.

EL USO DE LOS IMPUESTOS 

El incentivo más importante para fomentar el pago de impuestos es gastarlos bien. Los contribuyentes deben poder apreciar, mediante la transparencia y la rendición de cuentas, que sus impuestos sirven para mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos. Si un funcionario desvía, roba o aplica mal los recursos, debe ser claramente identificable por los sectores sociales afectados, y debe ser imputable, de acuerdo con el estudio “Los impuestos en México, ¿quién los paga y cómo?” del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Sin embargo, una parte de los ingresos del gobierno se destinan al pago de las pensiones de los ex Presidentes y a los millonarios salarios de los funcionarios públicos. El Presidente de la República, por ejemplo, recibe 4 millones 300 mil pesos anuales; un Senador, dos millones 732 mil pesos y un Secretario federal 3 millones 364 mil pesos.

Los ciudadanos, quienes pagan los impuestos, tienen  la misma percepción, de acuerdo con una encuesta realizada en noviembre de 2013 por la Facultad de Economía de la Universidad Panamericana.

“En México ha existido, por la ausencia de procesos democráticos sólidos, un considerable retraso en la especificación el destino de los fondos que provee la ciudadanía por medio del pago de impuestos. La falta de rendición de cuentas por parte de los gobernantes ha dificultado que los contribuyentes sepan correctamente en qué se usan sus recursos”, determinó el CIDE.
El informe acusa que la recaudación del gobierno mexicano, una de las más bajas del mundo, refleja “una débil legitimidad”, resultado fundamentalmente de un gasto poco transparente, una limitada capacidad administrativa de cobrar impuestos y la informalidad (57.1 por ciento de la población ocupada).

El 59.24 por ciento de los consultados no cree que el gobierno administra bien el dinero recaudado del pago de impuestos y el 53.35 por ciento está insatisfecho con la utilización que se le da al pago de sus impuestos.

Por ello el 38.22 por ciento justifica que no se paguen los impuestos cuando una gran proporción del dinero recaudado termina en los bolsillos de políticos corruptos, en los de sus familiares y en lo de sus amigos.

Otro 30.37 por ciento, de acuerdo con el estudio universitario, justifica la evasión cuando una gran proporción del dinero recaudado es desperdiciado y el 21.25 por ciento cuando una gran proporción del dinero recaudado es utilizado en proyectos de poco valor social.