En su informe de seguimiento al proceso de auditoría del gasto público del año 2014, la Auditoría Superior del Estado ha dado a conocer que, producto de los incumplimientos registrados en la entrega de documentación relativa a dicho ejercicio, impuso sanciones a 27 funcionarios público de la entidad, entre los cuales figuran varios presidentes municipales y un miembro del gabinete estatal.

En conjunto, los funcionarios sancionados deberán pagar -si no lo han hecho aún- casi 850 mil pesos por haber incumplido con la entrega de un informe parcial o por no haber respondido a algún requerimiento de información realizado por la autoridad fiscalizadora.

Suena bien, de entrada, que el órgano responsable de garantizar la rendición de cuentas en Coahuila ejerza sus facultades y sancione a quienes dejan de cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo.

Sin embargo, un par de aspectos de esta “novedosa” actuación de la ASE convocan a ser cautos antes de echar las campanas al vuelo y considerar que las sanciones económicas recién reveladas constituyen un parteaguas en la historia de la rendición de cuentas en Coahuila.

El primero de ellos es que las multas impuestas no son cobradas directamente por la Auditoría Superior, sino que deben ser turnadas para su ejecución a la Secretaría de Finanzas y ahí bien pueden pasar a ser archivadas sin mayores trámites, tal como ha ocurrido en el pasado con otras sanciones que, tras ser impuestas por algún órgano del sector público, se han transformado en créditos fiscales.

Habrá que esperar, por supuesto, a que la dependencia pruebe lo contrario -y ojalá lo haga- pero la experiencia dice que no debemos ser muy optimistas respecto de la posibilidad de que las multas sean cobradas.

Pero incluso si esto ocurriera, el segundo aspecto a considerar es de dónde va a salir el dinero con el cual los funcionarios sancionados van a pagar las multas que le han sido impuestas.

¿Acaso el presidente municipal de Torreón, Miguel Riquelme, o el secretario de Salud, Héctor Mario Zapata, van a sacar de sus bolsillos -o sacaron, si es que la multa ha sido ya cubierta- el dinero para cubrir el monto con el cual fueron sancionados por la ASE?

Se antoja realmente difícil que los funcionarios, teniendo a su disposición la chequera de los ayuntamientos o las dependencias que encabezan, chequeras que están acostumbrados a utilizar de forma discrecional, vayan a echar mano de sus propios recursos para cubrir una multa.

Y así, el círculo vicioso se cierra nuevamente, volviendo humo cualquier posibilidad de que las sanciones impuestas por el incumplimiento de obligaciones legales se convierta en un elemento eficaz para erradicar los vicios del sector público.

Salvo prueba en contrario, el que se haya sancionado a 27 funcionarios públicos de la entidad, no constituye pues un motivo para entusiasmarse.