El 26 de abril de 2019, es decir, hace poco más de un año y medio, presenté al Congreso del estado una proposición con “punto de acuerdo”, que ha tenido por parte del priismo una secuela interesante. Por razones de espacio y para no atropellar la presentación y desarrollo del tema, será necesario dedicarle este y el artículo de la próxima semana. Así es que solicito al amable lector del presente texto, procure leer también el siguiente para que conozca el desenlace.

Los antecedentes del caso son los siguientes: el actual gobernador Miguel Riquelme tomó posesión del cargo el 1 de diciembre de 2017. Lo hizo ante la anterior LX (60) Legislatura, integrada por abrumadora mayoría priista a la que se sumaban otros legisladores de partidos políticos satélites; como 20 ó 21 diputados oficialistas, de un total de 25.

El 1 de enero siguiente (2018) entraría en funciones la LXI (61) Legislatura, a la que el PRI llegaría con sólo 10 diputados, tres menos para alcanzar la mayoría simple o mayoría absoluta. Desde el principio quedó claro que dos diputadas de supuesta oposición ya estaban cooptadas, seguramente no de a gratis, y al poco tiempo se sumó otro. De tal manera que prácticamente desde el inicio de la nueva legislatura, ahora a punto ya de concluir sus funciones, el priismo siempre –siempre y sin excepción– los asuntos importantes los ha ganado 13 contra 12 votos.

Pues bien, en diciembre de 2017, todavía en funciones la 60 Legislatura y antes de que llegara la nueva con una composición muy diferente, el gobernador se apresuró a contratar un préstamo de corto plazo por poco más de mil millones de pesos.

Cuando el 26 de abril de 2019 presenté el referido punto de acuerdo hice mención de ese crédito. Expresé desde la tribuna del Congreso que la precipitación en contratarlo “dio idea de que el gobierno estatal enfrentaba muy serios problemas de liquidez y aun de solvencia para atender compromisos urgentes y de orden primario (entre otros desde luego el pago de aguinaldos). Sin embargo –agregué– se aparentaba que no había problemas, o al menos no graves. Mera simulación –dije– para cubrir las espaldas de los principales responsables de la anterior administración (la de Moreira II), de los que los actuales son sus herederos políticos”.

Señalé que deberíamos tener conocimiento y claridad respecto de cómo la nueva administración, la de Riquelme, había recibido las finanzas estatales. Cuál había sido su real situación y comportamiento durante los días previos y posteriores a la fecha en que se contrató el crédito milmillonario.

Expliqué que las disposiciones legales vigentes en la materia establecen que los estados financieros se elaboran y presentan al Congreso con periodicidad anual, que es la Cuenta Pública, y asimismo con periodicidad trimestral los denominados “informes de avance de la gestión financiera”. Que de nada nos serviría la Cuenta Pública anual de 2017, por contener ésta sólo información relativa al cierre del ejercicio; y tampoco los informes trimestrales julio-septiembre y octubre-diciembre de 2017 porque seguiríamos sin conocer a detalle el comportamiento de las finanzas estatales durante los días previos y posteriores a la fecha del préstamo multimillonario.

Recordé entonces que la Constitución Política de Coahuila señala, en su artículo 100, fracción V, que es obligación del secretario estatal de Finanzas “presentar diariamente al Ejecutivo, un informe general que manifieste el movimiento diario de ingresos y egresos”.

Propuse entonces que se solicitara el envío al Congreso de esos informes diarios correspondientes a los 30 días anteriores y a los 30 días posteriores a la fecha de la contratación del multicitado crédito. Y que la solicitud se hiciera directamente al gobernador y no al secretario de Finanzas, porque éste podría responder –y con razón– que por disposición expresa de la Constitución él sólo está obligado a entregar dichos informes diarios de ingresos y egresos al gobernador, y a nadie más.

¿Cómo reaccionó el PRI entonces y hasta la fecha sobre este asunto? Lo veremos la semana próxima.