La Cruzada Nacional contra el Hambre prácticamente ha salido del discurso oficial, aunque fue impulsada al inicio del actual gobierno para atender a la población más pobre del país. Generó polémica desde sus inicios, al hacerse acompañar de empresas productoras de alimentos chatarras para atender la carencia alimentaria y por erogar millones de pesos en insumos como paliacates o gorras.

Fue una de las 13 decisiones que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el primero de diciembre de 2012, al comienzo de su gobierno. El 22 de enero de 2013, como parte de la cruzada, se creó por decreto presidencial el Sistema Nacional contra el Hambre (Sin Hambre) con las metas de atender a 400 municipios (7 millones de personas) con 66 programas federales para llegar a cero hambre, eliminar la desnutrición infantil y mejorar indicadores de peso y talla, aumentar la producción de alimentos, minimizar las pérdidas poscosecha y promover la participación comunitaria.

A cuatro años, la cruzada todavía es mencionada entre las reglas de operación de programas como Prospera, pero en la página de Internet de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la información referente al esquema tuvo la actualización más reciente en marzo de 2016.

La cruzada no se menciona tanto porque empezó la estrategia de inclusión. Primero era atender una población con hambre; eso se atendió de manera urgente. En la segunda etapa se busca la reactivación, no sólo garantizar el acceso a programas sociales, sino acrecentarlo. En el gobierno actual crecieron los esquemas sociales, no sólo subisidiarios, sino programas que garantizan la seguridad social, educación, explicó Eviel Pérez Magaña, subsecretario de Desarrollo Social.

Al poner en marcha la cruzada, la Sedesol –con Rosario Robles al frente– dio lugar a la controversia, primero porque firmó convenios con empresas de alimentos como Nestlé y Pepsico, y después porque destinó al menos 400 millones de pesos para adquirir paliacates, pines, globos, playeras y gorras que al parecer ni siquiera existieron, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el análisis de la cuenta pública 2013.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que la cruzada ha hecho contribuciones a la política social, como propiciar la coordinación entre programas, dependencias y ámbitos de gobierno. Indica que ha creado espacios para la participación comunitaria y ha construido instrumentos para la toma de decisiones destinadas a abatir las carencias sociales.

Pero el efecto es desigual entre dependencias, estados y componentes de la cruzada, precisó la evaluación de la Coordinación Interinstitucional de la Cruzada. En un análisis de cinco municipios piloto en los que se aplicó la estrategia, el Coneval observó que se redujeron las carencias sociales.

No hay un anuncio oficial de que la cruzada haya desaparecido, pero es preocupante que se destinaron muchos recursos y ha habido muchas irregularidades, indicó en entrevista la experta Araceli Damián, diputada por Morena. Recordó que en la cuenta pública de 2014 la ASF advirtió que la Sedesol incurrió en serias deficiencias en diseño y coordinación de acciones, pero lo más sobresaliente es que no se acreditó el abatimiento del hambre.

La ASF reportó además manejo ilícito de recursos, lo cual requiere investigación; hubo adjudicaciones directas a las universidades del estado de México y de Morelos, que reportaron gastos como actos con música y empresas fantasmas que no estaban capacitadas para elaborar el producto que se les pedía.