El pasado martes, a puerta cerrada y en un salón de hotel usado como sede alterna al Congreso, un grupo de diputados locales se reunió con una comisión de funcionarios estatales para dar por concluido –sin mayor prueba que los dichos del secretario de Gobierno, Víctor Zamora– uno de los conflictos que ha caracterizado a la administración de Rubén Moreira por seis años: la inoperancia del Registro Público de Coahuila.

No es un asunto menor. Se trata, para dimensionar, de uno de los fenómenos más graves para cualquier civilización constituida como sociedad: sin Registro Público no existe certeza jurídica de los actos entre particulares relativos a la propiedad, los bienes, las personas morales y los negocios. Todo.

Así estamos en el Estado en ése y otros temas. Como en la prehistoria. En las antípodas.

En los albores del sexenio estatal que concluirá dentro de nueve meses, la Sedesol Federal y el Inegi entregaron un diagnóstico del

“Programa de Modernización y Vinculación de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros” al Gobierno de Coahuila, representado entonces por Óscar Pimentel, titular de la recién creada SEGU (y más recientemente desaparecida). Como resultado del encuentro celebrado el 8 de octubre de 2012, la Unidad de Comunicación Social informó a través de un boletín oficial que, para la “modernización” de la dependencia, invertirían “314 millones de pesos aplicados en los siguientes cinco años”, y se fijó una fecha en el calendario para iniciar las acciones: “a partir de febrero de 2013”.

Ya estamos en febrero, pero de 2017, y del dinero –como de Camelia SEGU– nunca más se supo nada. Me explico.

Primero, la Oficina del Gobernador respondió a la solicitud de quien esto escribe que “no se encuentra dentro de sus atribuciones contar con la información requerida” (OE-UT-044-2017).

Luego el Registro Público de Coahuila mencionó que “no realiza inversiones por cuenta propia”, por tanto no le compete dar una respuesta (RP/UT/2017/003).

Y finalmente la Secretaría de Finanzas afirmó que no cuenta “con ningún archivo ni expediente relacionado” al caso (SEFIN/UT/280/2017).

¿Cómo saber entonces el destino de los 314 millones de pesos si las oficinas involucradas evaden los cuestionamientos con cinismo?,

¿existió la cifra?, ¿se aplicó?, ¿fue fiscalizada?

Si revisa usted la hemeroteca, encontrará que sólo se invirtieron 12 millones de pesos en enero de 2015 para el sistema de la Oficina Registral Sureste que, dicho sea de paso, resultó un fiasco. Pero nada más.

¿Y los 302 millones restantes que se invertirían durante un lustro?

Los recursos, sin embargo, no han sido el único problema.

Con tino editorial fue consignado el 17 de junio de 2015 por el periódico El Norte: “Falla a Coahuila Registro Público; fracasa intento de modernizar operaciones; revelan notarios que, lejos de mejorar trámites, se fomentó la corrupción”. Y hace tres meses VANGUARDIA lo publicó: “Hacen crisis las fallas en el Registro Público” (14 noviembre 2016).

En uno y otro reporte hay un denominador común: el fallido cambio en el sistema del Registro Público prácticamente paralizó las operaciones mercantiles e inmobiliarias en la Región Sureste del Estado (lugar donde se estrenó), y las irregularidades no han sido superadas, contrario a lo que aseguraron Víctor Zamora y el director de la dependencia, Ramón Verduzco, el pasado martes a los legisladores.

Ahora bien, ¿quién garantiza que se han resguardado con probidad los archivos del Registro Público –y particularmente la historia contenida en ellos– durante todo el tiempo que se mantuvo éste inactivo, o funcionando bajo mínimos?, ¿qué sucedió ahí dentro en realidad?, ¿qué fraguan?

Reitero: no es cualquier cosa. Entre actos jurídicos y movimientos susceptibles de inscripción, hasta 199 diferentes operaciones entre particulares tiene como atribución la oficina, como consta en el catálogo publicado en el Periódico Oficial el 13 de octubre de 2015.

Cortita y al pie
Por lo demás, el Registro Público condensa por sí mismo las características de “El sexenio de pagar intereses a los bancos”: opacidad, rezago, “soluciones” que provocan más dificultades, nula capacidad de respuesta, carpetazos. Un sello distintivo que hace pensar que estábamos mejor cuando estábamos peor. O dicho de otra forma: antes de que le metieran mano.

La última y nos vamos
Un último botón de muestra. El 7 de febrero de 2017 el Registro Público sugirió a quien esto escribe realizar la solicitud de información por los 314 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas. Y la Secretaría de Finanzas, el 24 de febrero, me propuso redirigiera la misiva al Registro Público. Ambos, eso sí, con justificación legaloide.

Debido a lo anterior no es tan difícil identificar que, para oxigenar la vida política en el Estado, tendría que cambiar el grupo en el poder. Así de fácil. Ya caímos en un punto muerto y es indispensable la alternancia para salir de él.

@luiscarlosplata