De acuerdo con la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de Coahuila, recientemente creada por la Legislatura estatal, los titulares de los organismos públicos a quienes la Auditoría Superior del Estado ha realizado señalamientos a su cuenta pública del año 2014, “podrán” ser citados al Congreso para que “ofrezcan explicaciones” a los representantes populares respecto de las observaciones de que han sido objeto.

Como se ha informado a través de nuestras páginas, la ASE dio cuenta al Poder Legislativo local de que los ayuntamientos de Coahuila, en conjunto, acumulan observaciones por 540 millones de pesos en su Cuenta Pública de 2014 y ésta es la razón por la cual los alcaldes “podrían” ser citados a comparecer ante la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública.

¿Qué implicaciones tendría esta eventual “comparecencia” ante un grupo de representantes populares? Por lo que alcanza a leerse en el procedimiento que contiene la legislación de la materia, la respuesta parece bastante simple y clara: absolutamente ninguna.

En otras palabras, si el procedimiento sólo es “posible”, pero no obligatorio y de ello se colige que tiene -cuando mucho- sólo el propósito de convertirse en un evento “informativo” para los miembros del Congreso -y sólo para algunos de ellos-, sin repercusión ulterior alguna, la única conclusión que se antoja posible es que daría exactamente lo mismo que dicho procedimiento no existiera. O incluso podría ser hasta mejor prescindir del mismo.

Porque, a primera vista, sólo dos cosas se antoja pensar del eventual “citatorio” que de los munícipes hagan nuestros representantes populares: que van a usar el procedimiento como arma política en contra de sus rivales y que, cuando mucho, van a “regañar” a los alcaldes sorprendidos en falta.

La gran pregunta es, ¿y a los ciudadanos de qué nos sirve una Legislatura “regañona” que saca la ley para amenazar a los funcionarios incumplidos con “darles unas nalgadas” en público?

¿Se supone acaso que será a base de “avergonzar” a los funcionarios públicos como se va a mejorar la calidad de la administración pública y, particularmente, el proceso de rendición de cuentas, en nuestra entidad?

Como se ha dicho en innumerables ocasiones y en todos los tonos posibles, si la Auditoría Superior del Estado -o cualquier órgano de control- detecta irregularidades, lo que debe hacer es actuar con el propósito de corregirlas, sancionarlas y erradicarlas. Y si tales irregularidades implican actos de corrupción, con mayor razón.

A los ciudadanos ni nos sirve, ni mucho menos nos entusiasma, la existencia de un procedimiento de “glosa” que ni siquiera es obligatorio y que de entrada sólo se antoja como una oportunidad más para que los integrantes del Congreso hagan el ridículo y nos provean de nuevos elementos para seguir considerándolos, como hasta ahora, entre lo peor del servicio público en México.