Santo Domingo.- Cientos de personas marcharon hoy nuevamente para exigir la anulación del contrato de la termoeléctrica que Odebrecht construye en el sur de República Dominicana y la expulsión de la empresa brasileña del país.

La planta a carbón es construida en Punta Catalina, en el municipio de Baní, por un consorcio encabezado por Odebrecht y cuya licitación estuvo bajo investigación.

"Punta Catalina es el cuerpo del delito. Es el fango más grande del lodazal de la corrupción e impunidad, que embarran, degradan la convivencia en nuestra sociedad y oprimen las ansias de bienestar de nuestra población", señaló en un manifiesto el colectivo Marcha Verde, que surgió después de que Odebrecht admitiera haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en el país.

Marcha Verde, que ha realizado este año seis manifestaciones multitudinarias en varios puntos del país en contra de la corrupción y la impunidad, intentó hoy llegar hasta esa central pero las fuerzas de seguridad le bloquearon los accesos.

En su manifiesto, leído al término de una concentración en los alrededores de la planta, el grupo aseguró que la termoeléctrica "puede ser terminada por una empresa que no sea delincuente como Odebrecht".

Además, "debe ser transformada para que utilicen gas natural y no el altamente contaminante" carbón mineral.

"Objetamos la corrupción y la contaminación, no las plantas. Los grupos de Baní han sido los primeros en proponer desde el inicio de la construcción ilegal sin estudios ambientales del proyecto Punta Catalina, que el mismo fuera realizado a gas natural para disminuir los impactos contaminantes", se indicó en el documento.

También criticó la eventual firma del Pacto Eléctrico "si antes no se esclarece el inmenso cúmulo de irregularidades en el Proyecto Termoeléctrico de Punta Catalina".

Por otro lado, volvió a cuestionar el acuerdo logrado entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, a través del cual la multinacional se comprometió a pagar 184 millones de dólares al Estado, el doble de lo que admitió haber entregado como sobornos.

Criticó que ocho meses después de que Odebrecht revelara dicho delito, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, "es incapaz de presentar las pruebas convenidas, con lo cual queda claro que el objetivo del acuerdo era ocultar las sobrevaluaciones que sirvieron de base a la financiación política ilegal y garantizar impunidad para la constructora y sus cómplices".

Mediante el citado convenio Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en ese país caribeño.

La constructora brasileña es objeto de investigación en República Dominicana por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares.

Por el caso fueron imputadas 14 personas, entre ellas el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, ambos en libertad condicional bajo fianza desde el pasado 11 de julio tras un mes en prisión preventiva.

En prisión se encuentran el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un importante dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El resto de involucrados tiene impuestas distintas medidas de coerción, mientras las autoridades se concentran ahora en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en unos seis meses, según la decisión del juez a cargo.