La mayoría estamos hartos, cansados de la corrupción, de la inseguridad, y, como raíz de muchos de nuestros problemas, de la impunidad. Se denuncian hechos flagrantes de corrupción y muy poco pasa, hay una enorme distancia entre el gobierno y los anhelos de la inmensa mayoría de la población. Agravando lo anterior, lejos de disminuir, la desigualdad económica se agranda.

En julio serán electos quienes integrarán los nuevos poderes ejecutivo y legislativo federales.  ¿Qué  determinará el resultado?

La renovación de mandos debería ser motivo de esperanza, de que habrán de llegar nuevos actores a las diversas responsabilidades, quienes lograrán  mejores resultados.

¿Será un análisis sereno de los candidatos y sus propuestas, lo que nos ayude a decidir por quién votar?, o, por el contrario, ¿será el enojo social, asociado a la problemática actual, es decir, será  un voto de revancha, de castigo, lo que definirá al nuevo presidente y al congreso federal?  

¿Hay motivos para ser optimistas respecto a que habrá una decisión más producto de la reflexión que del enojo social? No estoy tan seguro. 

Veamos lo que proponen los candidatos en el tema de corrupción. Para valorar las propuestas de los candidatos a la presidencia de la república para erradicar la corrupción, unas preguntas: ¿Por qué hay países que son percibidos como más honestos y otros como más corruptos, México entre estos últimos?, ¿acaso es así porque esa es nuestra naturaleza? No, los mexicanos no somos corruptos por naturaleza.

Entonces, ¿la corrupción en México es problema de qué partido nos gobierna?, y por tanto, ¿el problema se resuelve con el mero cambio de partido? Lamentablemente la respuesta en ambos casos es no.  

La historia de la alternancia política que hemos vivido a nivel local desde 1989 y en lo federal desde 2000, muestran que la mera alternancia, por sí misma, no resuelve el problema de la corrupción. Los ejemplos son contundentes.

López  Obrador, candidato presidencial de Morena, ya gobernó el DF, ahora CDMX, durante casi seis años, y no resolvió el problema. La corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos en el DF siguió igual o peor durante su mandato. Su entonces partido, el PRD, ahora apoyando al candidato del PAN, ha estado en el gobierno de la CDMX desde 1997 y hasta el presente, y el problema sigue allí y sin duda incluso peor.

El PAN ha gobernado diversos estados de la República desde 1989 y muchos municipios desde antes, y permaneció en la presidencia por 12 años y tampoco resolvió el problema. El PRI ha estado muchos años en la presidencia y en muchos gobiernos estatales y tampoco ha logrado superar la situación. 

Es desalentador que llegan gobiernos de uno y otro partido y pocas cosas cambian. Como señalamos antes, en el DF la corrupción no disminuyó con AMLO; 12 años del PAN en la presidencia no mejoraron la situación; el regreso del PRI tampoco lo ha hecho.

Se puede argumentar que gobiernos de un partido u otro son más o menos corruptos, pero el hecho frío es que el problema crece y la inmensa mayoría decimos basta, estamos cansados de ver personas que se enriquecen y apropian en lo personal de los recursos públicos. 

Este breve  recuento de la historia de alternancias políticas muestra que la corrupción no es un problema que se resuelve con el mero cambio de partido en el gobierno. Si ello es así, ¿qué sigue?,  ¿no hay remedio? 

Sí lo hay; revisemos las acciones que se han intentado para combatir la corrupción, y respondamos lo siguiente: ¿Qué hemos hecho bien, qué mal?

En lo positivo, hemos desarrollado normas e instituciones para combatir la corrupción; desde la reforma política de 1977 se inició un proceso de creación de normas con ese propósito. En ese año, como parte de dicha reforma política, se dotó de facultades al Congreso para realizar investigaciones sobre las empresas públicas; ese proceso continuó con progresivas transformaciones a la hoy Auditoría Superior de la Federación, que ha permitido un proceso abierto y transparente para elegir al titular de dicha dependencia, dotarle mayor autonomía, facultades e instrumentos para realizar su función. 

En 1983 se creó la Secretaría de la Controlaría, como órgano de auditoría interna del gobierno federal, y se han realizado posteriormente diversas modificaciones a su marco normativo, hasta su versión actual, con más claridad de atribuciones y mejores instrumentos de fiscalización y control. 

A partir de 2000 ha habido un importante avance en transparencia de la información con la creación de los institutos de Acceso a la Información y la ley respectiva, y más reciente se dio un paso de gran futuro con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un esfuerzo colectivo, que aún está por dar resultados.

Sin duda, a nivel federal mucho se ha hecho en el ámbito normativo. En el nivel local los avances son magros, ello explica lo que vemos ahora de gobernadores cuestionados y enfrentando procesos penales, sin embargo, no son todos los que deberían rendir cuentas.

Si hemos realizado tantos esfuerzos en el campo de nuestras normas, ¿por qué no avanzamos?, ¿por qué se percibe que estamos peor ahora, como lo reflejan las mediciones de Transparencia Internacional? 

Sin duda, las normas creadas hasta el momento son perfectibles. Debemos identificar mejor las conductas corruptas que se deben prevenir y en su caso castigar. Por ejemplo, es necesario eliminar el margen de discreción que existe para que los funcionarios decidan si licitar públicamente las compras y las obras o no hacerlo, mejorar los procesos de licitación en base a las mejores prácticas del mundo y las propias, como es el caso de las licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, reconocidas como transparentes y parejas. Debemos también mejorar los procesos para designar a los integrantes de los sistemas anticorrupción nacional y estatales, entre otros aspectos.

Sin embargo, el poco o nulo avance contra la corrupción exige voltear la vista a analizar qué tan efectivos son los responsables de aplicar el castigo a quienes incurren en conductas que violan las normas establecidas y qué tan transparente es la rendición de cuentas de estas autoridades. Y al hacerlo, es evidente la ineficacia de los responsables de hacer cumplir las disposiciones y castigar las conductas corruptas y reconocer que existen pocos mecanismos para que como ciudadanos podamos obligar a dichas autoridades a cumplir su responsabilidad.

La impunidad que se genera por esta ineficacia en la aplicación de la ley es nuestro gran problema; la impunidad que observamos y padecemos es la raíz de los inaceptables niveles de corrupción y de inseguridad. La impunidad agravia a la sociedad, la polariza, debilita las instituciones y a las personas, afecta nuestro desarrollo. 

Con estas consideraciones en mente, veamos qué proponen los candidatos para enfrentar y erradicar la corrupción.

AMLO basa su propuesta en su honestidad y afirma que siendo honesto el presidente todos los demás se cuidarán y actuarán de igual manera. Además destaca que no perseguirá a Peña Nieto y dará amnistía al crimen organizado. Anaya no ha dicho cómo lo haría, sólo señala que el PAN ha echado del gobierno al PRI corrupto donde ha gobernado, y que él metería a la cárcel al actual presidente. 

Meade ha pintado su raya con quienes se hayan adueñado de los recursos públicos, comprometiéndose a aplicar la ley para castigar a los corruptos, sea quien sea y del partido que sea, y a fortalecer nuestras instituciones para vivir en un estado de derecho.

La campaña apenas inicia, esperamos ver más precisión en las propuestas de los candidatos; sin embargo desde hoy puedo afirmar que el pensar, como lo hace AMLO, que resolverá el problema siendo él honesto, está destinado al fracaso, no sucedió así cuando gobernó el DF. Tampoco genera esperanza el afán de Anaya de meter al presidente a la cárcel. Focalizar el esfuerzo anticorrupción en perseguir personas más que conductas reprochables de corrupción, sea quien sea el responsable, no lleva al éxito. La duda de una motivación política cuando se da énfasis en perseguir a una persona en particular, genera desconfianza y debilita a las instituciones.
Meade pone el énfasis en la raíz del problema: Combatir la impunidad. Puede haber esperanza de solución.

El 1 de julio cada quién tomará su decisión. Ojalá abramos la mente a analizar propuestas antes de decidir. No dejemos que el enojo social cancele la esperanza y nos haga retroceder.

rogeliomontemayorseguy@gmail.com